“En Amplitud hemos dicho desde el primer momento que la gravedad de este caso no debe implicar un acuerdo transversal que se subentienda como una especie de blanqueo de la política en general”, dijo el diputado de Amplitud Joaquin Godoy, al ser consultado esta mañana por la conformación de una comisión asesora presidencial, la cual evacuará una propuesta para transparentar la actividad política.
“La única manera de solucionar y atacar este problema de fondo es generando una legislación suficientemente dura para que quienes utilizan tráfico de influencias, utilizan el poder para su beneficio personal o quienes financian de mala manera sus campañas políticas tengan una sanción real”.
El diputados agregó que “nos parece bien que el Gobierno convoque una comisión asesora presidencial y posteriormente envíe un proyecto de ley al Congreso y que discutamos este tema de cara a la ciudadanía, no entre cuatro paredes, como se pretendía hacer en un comienzo, buscando juntar a todos los partidos políticos, sino que de cara a la ciudadanía”.
“Desde Amplitud creemos que debemos ser más duros que nunca y evitar la impunidad en este tipo de casos. Lo que está en juego es la política, la política como un vehículo para lograr oportunidades para los ciudadanos y hoy día lo que ven los ciudadanos es que esas oportunidades las tienen solamente los más poderosos, solamente los más ricos, y eso es un daño gigante a la democracia”.
Propuesta de Amplitud
El diputado explicó que para el movimiento es vital que la propuesta del Gobierno no sólo sancione el tráfico de influencias de los funcionarios públicos, sino que su comportamiento en momentos claves como son las campañas electorales. Anunció, además, que “Amplitud está elaborando una propuesta”.
Esta incluye “que se fiscalice el comportamiento del funcionario público en todo ámbito; en su relación con el mundo empresarial, en su relación con la política y las campañas, porque vemos permanentemente que el aparato del Estado se vuelca a favor de un determinado candidato y nosotros creemos que esos recursos son públicos y no deben ser utilizados para eso, por lo tanto, creemos que debemos ser tajantes en la participación de los empleados públicos en los momentos electorales”.
“Hay que fiscalizar y sancionar la intromisión de los municipios en las campañas políticas. Es fundamental darle herramientas al Servel para fiscalizar y poder poner atajo a quienes hacen mal sus rendiciones de campaña. Tiene que tener independencia del poder político para que pueda sancionar como corresponde y al mismo tiempo fiscalizar”, finalizó.
Fuente: Prensa Amplitud.