La iniciativa busca establecer herramientas legales para abordar la instalación reiterada de “rucos” en bienes nacionales de uso público, combinando intervención social, administrativa y penal.
28 de mayo, San Miguel.
La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, presentará una propuesta legislativa destinada a enfrentar la ocupación irregular y reiterada del espacio público mediante instalaciones precarias de habitación, comúnmente conocidas como “rucos”.
La iniciativa surge como respuesta al aumento sostenido de este fenómeno tanto en la comuna como a nivel nacional, y apunta a dotar al Estado de nuevas herramientas para abordar sus impactos en seguridad, salubridad y convivencia urbana.
Según cifras municipales correspondientes al período enero-abril de 2026, los asentamientos retirados en San Miguel aumentaron de 255 a 682 respecto del mismo período del año anterior, lo que representa un incremento de 167%. Asimismo, los reclamos vecinales asociados a rucos crecieron desde 145 a 575 casos, equivalente a casi un 300% de aumento.
Cabe señalar que estas ocupaciones derivan en acumulación de basura, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, necesidades fisiológicas al aire libre y situaciones vinculadas a microtráfico, delincuencia y porte de armas hechizas.
La alcaldesa Bown sostuvo que “estamos frente a un problema a nivel nacional. Hoy los municipios retiran asentamientos irregulares y, a las pocas horas o días, las personas vuelven a instalarse en el mismo lugar. El problema se repite indefinidamente porque el Estado no cuenta con las herramientas adecuadas para enfrentar este fenómeno”.
De acuerdo con los resultados del Censo 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile existen 21.750 personas en situación de calle, cifra que se ha duplicado en los últimos siete años, según antecedentes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Propuesta escalonada
La propuesta impulsada por la Municipalidad de San Miguel contempla un sistema gradual de intervención social, administrativa y penal, donde la sanción penal operaría únicamente como última instancia.
El mecanismo considera tres etapas sucesivas:
- Primer evento: retiro municipal de la instalación irregular, oferta formal de acceso a programas sociales y registro del caso en un “Registro de Incivilidades”.
- Segundo evento: conducción administrativa especial por parte de Carabineros por un plazo máximo de doce horas, con participación de organismos sociales y de salud.
- Tercer evento: creación del delito de “instalación reiterada”, incorporando un nuevo artículo 458 ter al Código Penal, aplicable solo cuando exista oferta social previa documentada.
Además, la alcaldesa enfatizó que la propuesta “no busca criminalizar la pobreza”, sino equilibrar los derechos de las personas en situación de calle con el derecho de vecinos y familias a vivir en espacios públicos seguros y transitables.
“La respuesta no puede ser solamente social ni únicamente penal. Durante décadas el Estado ha actuado sin coordinación y sin herramientas efectivas. Esta propuesta busca justamente combinar asistencia social, intervención institucional y responsabilidad jurídica en casos reiterados”, agregó la jefa comunal.
Asimismo, el municipio informó que sus equipos técnicos ya trabajan en la redacción definitiva del articulado legal y en coordinaciones con parlamentarios para impulsar la iniciativa en el Congreso Nacional.
La propuesta será complementada con un proyecto de resolución dirigido al Ejecutivo, solicitando reforzar el Subsistema “Seguridades y Oportunidades”, los dispositivos de alojamiento de emergencia y la red de salud mental comunitaria.
Fuente: Municipalidad de San Miguel