Un grupo de alcaldes de distintas comunas de la Región Metropolitana anunciaron un conjunto de drásticas medidas frente al uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios municipales, entre ellas la presentación de querellas criminales y la exigencia de restitución de dineros mal utilizados.
Entre los alcaldes querellantes está Agustín Iglesias (Independencia), José Manuel Palacios (La Reina), Carol Bown (San Miguel), Isabel Valenzuela (Colina), Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Juan Pablo Olave (Isla de Maipo), quienes solicitarán que la investigación se amplíe hasta el año 2020 para dimensionar completamente el daño al erario público.
En el caso de Independencia, los antecedentes recopilados por el municipio, entre 2023 y 2024, vinculan a 59 funcionarios que realizaron 123 viajes internacionales mientras se encontraban con licencia médica.
“El tema licencias es muy grave porque detrás de cada licencia falsa hay una urgencia que no se resuelve. Hay una operación que no se hace, una clase que no se dicta, una madre que no puede salir a trabajar porque el colegio no tiene profesor. La irresponsabilidad de unos pocos tiene muchos costos, incluso puede costar una vida”, afirmó Iglesias.
La acción judicial no se limitará a los funcionarios implicados, sino que también se dirigirá contra los médicos que emitieron licencias médicas sin justificación, permitiendo que personas supuestamente enfermas viajaran fuera del país. “Hay responsabilidades compartidas. Si hubo médicos que facilitaron este engaño, también deberán responder ante los tribunales”, agregó Iglesias.
Al respecto, el alcalde Palacios sostuvo que “es urgente a revisar la normativa vigente, establecer sanciones, incorporar controles y fortalecer la gestión administrativa para proteger los recursos públicos y garantizar la calidad del servicio. Por otra parte, es necesario establecer un marco regulatorio que permita la destitución de forma directa del funcionario ante ciertas faltas y así evitar sumarios que solo traspasan más trabajo a los propios funcionarios en desmedro del servicio a los vecinos”.
En esa misma línea, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, afirmó que “cualquier situación que se detecte será abordada con la mayor seriedad y compromiso, siempre garantizando la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Nuestra prioridad es servir con honestidad y promover la confianza en la administración local”.
El marco legal respalda esta acción: el DFL N°1 del ministerio de Salud sanciona la obtención fraudulenta de beneficios previsionales de Fonasa (art. 168) y de otras instituciones previsionales (art. 174). El Código Penal, por su parte, establece penas para quienes defrauden al Estado en los artículos 202 inciso final, 193, 467 y 470 N°8.
Fuente: M. Independencia.