El abogado y académico de la Universidad de La Serena, Carlos Esperguen Sepúlveda, advirtió que las organizaciones criminales han infiltrado a toda Latinoamérica y afirma que la solución pasa por fortalecer la democracia, perseguir el crimen organizado, el lavado de activos y asegurar una presencia estatal efectiva con resguardo de todos los derechos de los ciudadanos.
El reciente operativo policial en Brasil, que dejó más de un centenar de fallecidos y se convirtió en el más letal en la historia de ese país, ha reabierto un debate profundo sobre los límites del uso de la fuerza estatal frente a realidades marcadas por pobreza extrema, crimen organizado y desigualdad estructural.
Y es que más allá del impacto mediático y la conmoción internacional, según el abogado y académico de la carrera de Derecho de la Universidad de La Serena, Carlos Esperguen Sepúlveda, este caso demuestra una crisis social de gran envergadura, que plantea preguntas urgentes sobre el rol del Estado, la vigencia de las garantías democráticas y los desafíos que enfrentan los países latinoamericanos para prevenir escenarios similares.
Con respecto a esto, el académico aseguró que “lo que pasó en Brasil se puede extrapolar a diversos países de Latinoamérica, debido a que se repite la problemática de bolsones de pobreza, donde vive una alta concentración de personas sin oportunidades, lugares a los que el Estado no ha ingresado con políticas públicas efectivas, si no que a través de la fuerza, lo que naturalmente puede llevar a un colapso de lo que es el sistema de justicia social”.
Ahondando en esto, el académico de la cátedra de Lavado de Activos en la Escuela de Derecho de la USerena, hizo hincapié en que “si el Estado no está presente en ciertos lugares, la ciudadanía tratará de buscar esa ayuda o protección en otra parte, lo que podría devenir en peligrosas consecuencias, como ya hemos observado, lo que claramente es un problema en sí mismo”.
El experto alertó que “el uso de la fuerza policial ante el combate contra el crimen organizado debe considerar la protección de los ciudadanos honestos que por razones de postergación social también se ven afectados por la criminalidad”.
En relación a esto, Esperguen explicó que “esto tiene relación con un fenómeno social advertido en la revista Economist el año pasado, donde se analizaba la salud de las democracias y se las clasificaba en democracias plenas, defectuosas, los regímenes híbridos y los regímenes autoritarios”.
“En The Economist se especificó que sólo 15% de los países presenta democracias plenas; 27,5% democracias defectuosas; 21,6% presenta regímenes híbridos; y 35,9% presenta regímenes autoritarios, lo que nos hace preguntarnos, qué está pasando con el concepto de democracia, la que ciertamente ha sido reducida a un proceso eleccionario. El problema no es cuantitativo en la democracia sino cualitativo y esto se manifiesta en la profunda insatisfacción y desconfianza de la ciudadanía producto de promesas políticas incumplidas, de las desigualdades en el acceso a viviendas, salud, educación, jubilación y otros derechos sociales”, enfatizó.
El uso de la fuerza
En cuanto a la violencia observada en el procedimiento policial brasileño, el abogado indicó que “aquí se da una lógica de amigo versus enemigo, lo que es muy complejo cuando se tiene en cuenta que para esta intervención hubo una planificación previa y contó con autorización del poder judicial y -sin duda- del Ministerio Público de Río de Janeiro, lo que levantó voces de alerta, provocando que el Supremo Tribunal Federal, a través del Ministro Alexandre de Moraes, pidiera reunirse con el gobernador de Río de Janeiro Sr. Claudio Castro para interiorizarse de lo ocurrido”.
Para el académico es de suma importancia que esta situación sirva como una llamada de atención para Chile y los demás países de la región.
“Este es un problema social y es deber del Estado evitar llegar a estas instancias. Es necesario pensar mejores políticas públicas. Y en caso de que la intervención policial sea inevitable, entonces deberá garantizar la protección de todas las personas que viven en esos lugares, sobre todo considerando que no es posible asociar la criminalidad con la pobreza extrema, a secas”, insistió.
Por otro lado, el abogado recalcó que “la legalidad siempre debe estar presente en las actuaciones del poder estatal y sobre todo cuando se manifiesta a través de las policías”.
“Esto es algo que también se ha debatido en nuestro país, luego del estallido social, la discusión por las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) aún pendiente en el Congreso Nacional”, señaló.
La cabeza de medusa
Al ser consultado por las causas de esta problemática, el experto sostuvo que “el crimen organizado no es un mal que se pueda asociar a un solo país, ya que es una red de interconexiones que traspasa fronteras y se ha expandido rápidamente en Latinoamérica, sin más en Chile ya se conocen juicio seguidos contra facciones de organizaciones extranjeras que operan acá, como en otros países”.
“Las políticas de seguridad pública deben tener en cuenta que la entrada violenta del Estado en ciertos sectores postergados puede acarrear peligrosas consecuencias. No considerar el problema social de manera profunda ante las desigualdades y abusos derivados de la corrupción, autoritarismos, populismos es un camino complicado y conduce a la desafección democrática que destruye las democracias, ahora no a través de la toma del gobierno por la fuerza, sino desde adentro”, agregó.
Sumado a esto, el académico dijo que “para combatir el crimen organizado es vital perseguir los dineros ilícitos que obtienen -en grandes cantidades- las organizaciones criminales y que luego se infiltran disimuladamente en los sistemas financieros”.
“El verdadero problema tras esta situación es la corrupción manifestada en el crimen organizado reinante en Latinoamérica, que se asemeja a una cabeza de medusa. En fin, este tipo de intervenciones de la policía militar no serán eficaces en la lucha contra el crimen organizado, que seguirá vivo en tanto no aparezca Perseo”, enfatizó.
Fuente: USerena.