- A siete años del estallido social, el organismo autónomo advierte que persisten importantes brechas de acceso a la justicia e identifica desafíos en los procedimientos policiales, las detenciones de adolescentes y el resguardo de sus derechos en contextos de manifestaciones.
Santiago, 18 de octubre de 2026. Un total de 525 niños, niñas y adolescentes fueron registrados como víctimas de presuntos delitos asociados a violencia institucional entre enero y septiembre de 2026, según antecedentes del Ministerio Público analizados por la Defensoría de la Niñez. La cifra representa el 97% de lo registrado durante todo 2025, aunque ambos períodos no son directamente comparables.
Los antecedentes forman parte de un nuevo informe de seguimiento sobre las garantías de no repetición de las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, dado a conocer a siete años del inicio del estallido social, el cual examina los desafíos pendientes en materia de justicia, actuación policial y protección del derecho a la manifestación pacífica.
El documento también identifica 1.885 causas judiciales vinculadas a vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes durante el estallido social, que comprenden 2.320 relaciones procesales. De estas, 2.184 se encuentran concluidas (94%), pero solo 28 terminaron mediante sentencia condenatoria, equivalentes aproximadamente al 1,3% de las relaciones concluidas.
El análisis también muestra que de las salidas no judiciales, 1.061 relaciones terminaron por archivo provisional y 434 mediante decisiones de no perseverar, antecedentes que evidencian la necesidad de profundizar en las dificultades existentes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
Junto con el análisis de las vulneraciones ocurridas durante el estallido social y en los años posteriores, el informe incorpora antecedentes de la labor de observación de procedimientos policiales y detenciones de adolescentes desarrollada por la Defensoría de la Niñez en el marco de sus funciones, particularmente en contextos de movilizaciones estudiantiles.
Entre sus hallazgos se encuentran cuestionamientos a la fundamentación de controles de identidad investigativos, denuncias de uso excesivo de la fuerza durante detenciones y dificultades relacionadas con la comprensión efectiva de los derechos por parte de adolescentes detenidos.
También identifica situaciones que requieren revisión respecto del acceso oportuno a defensa penal especializada y de las demoras en las instrucciones a las policías por parte del Ministerio Público, las cuales pueden prolongar innecesariamente la permanencia de adolescentes en recintos policiales.
El documento reconoce, asimismo, prácticas favorables de protección observadas en la 48° Comisaría de Asuntos de la Familia e Infancia, destacando la importancia de fortalecer y extender aquellos procedimientos que resguardan adecuadamente los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Garantías de no repetición y desafíos pendientes
La Defensoría de la Niñez enfatiza que las obligaciones del Estado no se limitan a investigar las vulneraciones ocurridas durante el estallido social, sino que también comprenden adoptar las medidas necesarias para prevenir nuevos hechos de violencia institucional.
En ese contexto, el informe plantea la necesidad de examinar la aplicación de la normativa sobre Reglas del Uso de la Fuerza, recientemente despachada por el Congreso, especialmente en lo relativo al uso de armamento potencialmente letal y la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes.
La institución reafirma que garantizar la seguridad pública y respetar los derechos humanos son obligaciones complementarias del Estado. Por ello, sostiene que las normas y procedimientos deben contar con mecanismos efectivos de supervisión, rendición de cuentas y evaluación de sus consecuencias sobre los derechos de la niñez y adolescencia.
“A siete años del estallido social, el Estado sigue teniendo obligaciones pendientes con los niños, niñas y adolescentes que sufrieron vulneraciones de sus derechos. Los antecedentes muestran que una parte importante de las investigaciones terminó sin alcanzar una sentencia judicial y que todavía existen situaciones que requieren atención en los procedimientos policiales actuales. Las garantías de no repetición no consisten solamente en dictar nuevas leyes o actualizar protocolos. Debemos asegurarnos de que, en la práctica, las instituciones actúen respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes. La seguridad y el respeto de los derechos humanos deben avanzar juntos”, indicó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
El informe completo se encuentra disponible en este link: Informe-Verdad-Justicia-Reparación – Defensoría de la Niñez
Fuente: Defensoría de la Niñez.