Luego que el Gobierno presentara esta mañana un proyecto de ley que endurece las penas para delitos de alta connotación social, la Fundación Paz Ciudadana señaló que una agenda en la materia debe dirigirse a otras formas de cumplimiento que superen la utilización de la cárcel.
“Para penas cortas es mejor su tratamiento con medidas alternativas a la prisión. Mantener a una persona un año en la cárcel no sólo aumenta los riesgos de contagio criminógeno, sino que tampoco es posible trabajar en su reinserción para retornarlo a la sociedad”, dijo la directora (s) de la Fundación, Ana María Morales.
El proyecto —que se integra a la llamada agenda corta antidelincuencia— introduce modificaciones al Código penal, estipulando que quienes cometan, por ejemplo, un robo con violencia puedan cumplir al menos un año de cárcel efectiva.
Asimismo, se establece que en el caso de los reincidentes, la privación intramuros llegue a los dos tercios del total de la condena impuesta por el tribunal, antes de postular a un régimen de libertad condicional.
A juicio de la abogada “para este tipo de casos es mejor una pena de cumplimiento intensivo y controlado en la comunidad, apoyada —explicó— con herramientas como el monitoreo telemático o programas de reinserción efectivamente supervisados. Es el sistema de penas alternativas a la prisión el que debe ser optimizado”, señaló.
Morales dijo que, independiente de la agenda corta antidelincuencia, el Gobierno debe continuar perseverando en una política integral y de largo plazo en materia de seguridad pública como lo ha hecho hasta ahora. En ese sentido —finalizó— una Ley de Prevención del Delito, un nuevo Servicio de Reinserción en el Medio Libre y la creación definitiva de una institucionalidad que se enfoque en los jóvenes infractores son fundamentales.
Fuente: Comunicaciones Fundación Paz Ciudadana.