Desde el 2 de junio en adelante el Servicio llevó a cabo un activo programa de inspecciones en terreno, tanto en los periodos de propaganda como en los que no lo eran, las que solo en un 5,7% derivaron en una investigación para determinar si hubo alguna infracción.
Uno de los aspectos que destacó en el proceso electoral 2017 fue el orden en el despliegue de la propaganda electoral, en cada uno de los periodos autorizados para ello. Si bien muchos de los aspectos están contemplados en la normativa vigente, como el la publicidad radial y el uso de los espacios públicos y privados, por nombrar algunos, el rol que desempeñó el Servicio Electoral (Servel), en el marco de las facultades que le otorga el artículo 61 de la Ley 18.556, para supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre campañas electorales, contribuyó a que los candidatos y sus equipos se ajustaran al nuevo contexto legal.
En este sentido, desde el 2 de junio, cuando se inició el periodo de propaganda de las elecciones primarias, y hasta el 26 de diciembre, el Servicio llevó a cabo un activo programa de fiscalizaciones en terreno, que estuvo a cargo de un centenar de inspectores, distribuidos en las 15 regiones.
En total se realizaron 64.493 fiscalizaciones, de las cuales más de un 90% corresponde a acciones programadas y un porcentaje menor a las que se hicieron a raíz del conocimiento de hechos particulares denunciados por los ciudadanos.
En cuanto al tipo de elección, en el periodo de propaganda de las primarias, que se desarrolló entre el 2 y el 29 de junio, se concretaron 5.785 inspecciones. Mientras en las elecciones generales, donde el plazo autorizado de propaganda iba del 20 de septiembre al 16 de noviembre, se llevaron a cabo 28.701 fiscalizaciones. En tanto, entre el 3 y el 14 de diciembre, cuando se desplegó la propaganda para la segunda votación de la elección presidencial, se registraron 4.262 controles.
Por otra parte, entre los periodos de propagada se continuó trabajando en terreno, realizándose en total 25.745 fiscalizaciones.
Aunque no todas las acciones de fiscalización constatan irregularidades, en los casos en que revisten las características de una posible infracción se derivan al área de denuncias de la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, a fin de que se evalué el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS), el que determina si se contravino alguna norma y, de ser así, proceder a aplicar las sanciones que correspondan.
En este contexto, es importante subrayar que de las fiscalizaciones realizadas, desde el 20 de septiembre al 26 de diciembre, solo un 5,7% corresponden a una situaciones que ameritan ser investigadas. “Más allá de perseguir una infracción, estos datos realzan la función educativa de las inspecciones que realizan nuestros fiscalizadores, donde orientan a brigadistas y candidatos sobre la normativa de propaganda, disuadiendo con ello acciones que podrían incumplir la legislación”, señaló el director del Servel, Raúl García Aspillaga.
Fuente: Servel.