“La sociedad chilena y el Estado tienen que tomar medidas para que esto no se repita. Hubo tres instituciones públicas involucradas y hay que investigar cada grado de sus responsabilidades”, señaló Branislav Marelic.
Las circunstancias de la muerte de la ciudadana haitiana Joane Florvil luego de permanecer un mes hospitalizada y de haber estado detenida por Carabineros tras ser acusada de abandono de su hija, fueron informadas y analizadas en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, a la que asistió como invitado a exponer el director del INDH, Branislav Marelic.
Marelic hizo un pormenorizado relato de los hechos reconstruidos a partir de la información disponible, así como de las actuaciones del órgano autónomo defensor de los derechos humanos. Del mismo modo precisó que tres oficios enviados a instituciones involucradas en el caso –Carabineros, la Municipalidad de Lo Prado y la Posta Central- no han sido respondidos.
En su intervención ante los parlamentarios, que fue precedida por la de la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Fries, el director del INDH puntualizó que a diferencia de lo que dice Carabineros, Joane Florvil no entendía el idioma español y por tanto tuvo enormes dificultades para comprender lo que estaba sucediendo desde el momento de su arresto.
A la salida de la sesión, Branislav Marelic, habló con la prensa señalando que “desde el momento en que se hace una denuncia de abandono de la hija sin existir la certeza de que eso fuera así, hay un grado de discriminación; no solo de Carabineros sino también de la Municipalidad de Lo Prado, de la OPD. También tendrá que evaluar el Ministerio Público las condiciones de salud y el fallecimiento, luego de casi un mes en la Posta Central”.
El director del INDH puntualizó que “esto es algo que puede volver a ocurrir, es una situación compleja que no solo necesita la búsqueda de responsabilidades, sino también de un cambio cultural, de capacitación, que son medidas preventivas que hay que impulsar. Existe la necesidad que no solo a nivel central sino también a nivel municipal haya capacitación y formación en derechos humanos”.
El caso de Joane
El 30 de agosto pasado, mientras Joane y su hija estaban en la Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad de Lo Prado, un hombre le realizó una oferta de empleo en dicha entidad, que fue aceptada por su marido y por otro haitiano. Dada la oferta recibida, los haitianos acudieron inmediatamente a la OPD para trabajar, sin embargo fueron engañados y asaltados.
Al otro día después del asalto, Joane llegó a la OPD con su hija en el coche a pedir ayuda por las cosas perdidas de Wilfrid. En el lugar no contaban con facilitadores interculturales y ningún funcionario fue capaz de entenderla. Desesperada, le pidió a un guardia que cuidara a su bebé y salió corriendo en búsqueda de un traductor que le permitiera conseguir ayuda por el robo. Pero en esos 15 a 20 minutos que tomaba el trayecto desde el hogar donde residía la familia, dos funcionarios de la OPD interpretaron erróneamente la desesperación de Joane y procedieron a denunciarla.
La joven haitiana fue detenida sin ser sujeta del procedimiento de rigor, como por ejemplo la lectura de sus derechos, y su hija fue entregada a custodia del Sename por disposición de un tribunal de familia. Mientras estaba en la comisaría los carabineros dicen que Joane se golpeó reiteradamente contra los muros, por lo que fue trasladada a la Posta Central; allí quedó internada. Durante ese periodo el INDH visitó a Joane Florvil mientras permanecía en el centro médico.
Debido a su complejo estado de salud, Joane no alcanzó a ser formalizada y quedó en libertad gracias a la gestión de la Defensoría Penal Pública, pese a que el Ministerio Público pretendía que fuera custodiada por Gendarmería durante su hospitalización.
Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos.