Luego de la Cuenta Pública que diera inicio este mediodía al Año Judicial 2017, la Fundación Paz Ciudadana reiteró la necesidad de extender y de reconocer política y orgánicamente a los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), por su aporte al control del delito, tratamiento y reinserción.
En concordancia con lo señalado por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch —quien reconoció su aporte en evitar la reincidencia, pese a su todavía poco alcance, porque es aplicable sólo a delitos menores—, la institución llamó a perseverar en su instalación y al gobierno a definir su creación mediante un proyecto de ley, en manos hoy del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“Nuestro sistema de justicia consume muchos recursos en el enjuiciamiento y encarcelamiento de personas con consumo problemático de drogas. Debemos transitar de una idea que lleva 13 años como piloto a una política clara y reconocida institucionalmente, ya que debemos centrarnos en interrumpir rápidamente las carreras delictuales”, señaló la directora del área de Justicia y Reinserción, Ana María Morales.
La abogada, recordó que fue Fundación Paz Ciudadana en 2004 —junto con el Ministerio Público y la Defensoría Penal— las instituciones que iniciaron la puesta en marcha de los TTD en la región de Valparaíso, obrando ésta como supervisor técnico de su instalación y que hoy se sigue contando con los mismos 29 Tribunales, no logrando aumentar su cobertura ni reconocimiento orgánico, pese a sus positivos resultados en materia de reincidencia delictual.
“No debemos olvidar que cuando se inició el presente gobierno, se comprometió en el Plan de Seguridad Pública, la inversión de $5.122 millones de pesos para la ampliación de estos tribunales, buscando su extensión a todas las capitales regionales. Sin embargo, ello aún está pendiente”, señaló Ana María Morales.
Como Fundación —dijo la experta— “hemos colaborado activamente en la redacción de un proyecto que otorgue a los TTD el reconocimiento institucional necesario y que además considere adecuaciones normativas mediante la ampliación de herramientas legales de los intervinientes, como por ejemplo, la suspensión de la ejecución de la pena, que permitan abordar perfiles más complejos en condenados”.
Asimismo, adelantó que la institución se encuentra en la tarea de evaluar en 2017 los TTD, lo que permitirá reconocer —con mayores fundamentos técnicos— la efectividad real de la herramienta para la seguridad pública.
Fuente: Fundación Paz Ciudadana.