- La iniciativa instaura una serie de inhabilidades e incompatibilidades para quienes se desempeñen en la administración del Estado y que mantengan contratos o litigios pendientes con alguna de sus instituciones por más de 200 UTM.
- La futura norma será una barrera de entrada para garantizar la transparencia la actividad pública e instaura drásticas sanciones para quienes incurran en ilícitos.
Santiago, 05 de enero de 2017— Mejorar la transparencia de nuestras instituciones y garantizar la dedicación exclusiva de quienes se desempeñen en órganos del Estado, son algunos de los principios que inspiran al proyecto de ley que previene y sanciona los conflictos de intereses y modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en la función pública, y que esta mañana fue presentado por el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzguirre, ante la Comisión Especial de Probidad del Senado.
La iniciativa es parte de la Agenda de Probidad y Transparencia y apunta a eliminar la denominada “puerta giratoria”, evitando que, por ejemplo, una persona interesada en ingresar a alguna institución del Estado no pueda haberse desempeñado como director o gerente de una empresa sujeta a la fiscalización de dicho órgano dentro de los seis meses previos. Además, se establece la prohibición de realizar lobby ante ese organismo dentro de los doce meses anteriores a su postulación y estar ajeno a infracciones a las normas post-empleo en los últimos cinco años.
Pero las barreras de entrada no se agotan ahí, porque el proyecto propone impedir el ingreso a un órgano público de aquéllas personas pertenecientes a sociedades o empresas que mantengan contratos o litigios pendientes por más de 200 UTM, —independientemente del porcentaje de participación que tengan— con la institución a la cual pretende acceder.
Por otra parte, la futura norma establece que resulta incompatible para una autoridad o un funcionario público, realizar actividades privadas de manera total o parcial durante su jornada laboral.
Normas sobre post-empleo y drásticas sanciones
El proyecto de ley también determina que tras cesar funciones en algún cargo, las personas deberán informar qué actividades realizarán con posterioridad a esa labor, tanto en el sector público como en el privado, por el período por el que se extiendan las inhabilidades para desempeñarse en las entidades fiscalizadas y hasta por los seis meses siguientes.
En materia de sanciones, se castigará a quienes infrinjan algunas de estas normas mediante multas cuyos montos dependerán de la gravedad de la falta, que van desde 100 UTM a 4000 UTM o del 20% a 50% de las remuneraciones del infractor y la restitución del monto percibido por concepto de compensación económica.
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Fuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.