- La Mandataria destacó que con esta iniciativa “estamos dotando a Chile de una legislación muy avanzada en promoción de la libre competencia, conforme a los estándares de las grandes economías y a las recomendaciones de los organismos internacionales”.
- La nueva ley permitirá tener mercados menos concentrados, lo cual beneficiará a las pymes y consumidores.
Santiago, 19 de agosto de 2016.- Frente destacados representantes del mundo publicó y privado, esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet acompañada por los ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes y de Hacienda, Rodrigo Valdés, promulgó la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Defensa de la Libre Competencia. Iniciativa que fortalece las sanciones a las infracciones a la Libre Competencia, se aumentan las competencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y se establecen condenas penales para el delito de colusión.
En la oportunidad, la Mandataria afirmó que esta ley busca impedir que se repitan “casos de personas, empresas y organizaciones que han traicionado la confianza de los chilenos y chilenas, buscando con malas prácticas obtener los beneficios que con un juego limpio en el mercado jamás lograrían”. En este sentido, la iniciativa “es una respuesta contundente y severa”, señaló.
Del mismo modo, destacó el apoyo conseguido para su aprobación, ya que es “la culminación de un trabajo transversal, de convergencia, en torno a acuerdos sólidos entre todos los sectores”, agregó.
La máxima autoridad del país señaló que “estamos dotando a Chile de una legislación muy avanzada en promoción de la libre competencia, conforme a los estándares de las grandes economías y a las recomendaciones de los organismos internacionales”.
Al respecto, el Ministro Céspedes sentenció que “con esta ley el coludirse deja de ser un negocio. Los que toman las decisiones en materia de colusión son los ejecutivos y ellos deben enfrentar sanciones drásticas y en este caso se está reponiendo la pena de cárcel para aquellos que se coluden”.
Asimismo, el secretario de Estado destacó la importancia que esta nueva ley tiene para transformar el emprendimiento y la innovación en el nuevo motor de desarrollo de nuestra economía.
“Si los mercados no funcionan bien, si no hay libre competencia, no podemos transformar al emprendimiento y la innovación en un motor de desarrollo. Por eso es importante esta ley para los emprendedores e innovadores que quieren llevar adelante sus ideas”, sostuvo.
Respecto a las multas, esta normativa contempla hasta el doble del beneficio económico obtenido o bien, hasta el 30% de las ventas de la línea de producto o servicio involucrado en la colusión. Con esta modificación se pretende las multas sean efectivamente disuasivas.
Las personas sancionadas tendrán, además, como pena la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos de director o gerente en empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas o sujetas a normas especiales o bien, cualquier cargo directivo en asociaciones gremiales o colegios profesionales, por un plazo de 7 años y un día a 10 años.
Sobre la delación compensada, se establece que el delator que primero haya aportado antecedentes a la FNE estará exento de responsabilidad penal, mientras que el segundo delator, que aporte antecedentes adicionales a los dados por el primero se le rebajará en un grado la pena, cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
Además, se propone radicar el procedimiento de control preventivo y obligatorio de operaciones de concentración en la Fiscalía Nacional Económica. Los agentes económicos deberán notificar todas las operaciones más relevantes para nuestros mercados antes que sean perfeccionadas, para que luego la FNE determine si procede autorizarlas en la medida que no reduzcan sustancialmente la competencia.
Por último, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resolverá sobre la indemnización para los consumidores afectados por el delito de colusión, esto luego de la sentencia dictada. Esto permitirá agilizar la posibilidad de que las víctimas sean indemnizadas.
Unidad de Comunicaciones
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo