El 11 de septiembre pasado se cumplieron veinticinco años de un gesto casi olvidado por la memoria pública, pero decisivo para la historia política del continente. Mientras el mundo fijaba los ojos en las torres que caían en Nueva York, los cancilleres de las Américas firmaban en Lima la Carta Democrática Interamericana. La coincidencia de fechas fue una crueldad del calendario: un documento nacido para proteger la vida democrática de la región quedó eclipsado, desde su primer día, por la tragedia que redefinió la agenda de seguridad mundial. Ese eclipse inicial dice mucho sobre el destino que ha tenido la Carta desde entonces: un instrumento de enorme valor simbólico y jurídico que rara vez ocupa el centro de la conversación pública, salvo cuando una crisis lo obliga a salir de los archivos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Conviene recordar qué fue lo que se firmó aquel día. La Carta no inventó la idea de que los pueblos americanos tienen derecho a la democracia; esa convicción venía madurando desde la Declaración de Santiago de 1991 y se había reforzado en sucesivas cumbres hemisféricas. Lo que hizo la Carta fue algo más ambicioso: convertir ese derecho en una obligación exigible. Estableció que cualquier ruptura del orden constitucional en un Estado miembro constituye un obstáculo insalvable para su participación en el sistema interamericano, y amplió la propia definición de crisis democrática para incluir no solo los golpes de cuartel, sino también el deterioro gradual de las instituciones desde dentro del poder. Vinculó, además, la democracia con el desarrollo, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, entendiendo que ninguno de esos objetivos se sostiene sin los otros.
Nuevas amenazas y desconfianza ciudadana
Ese último punto envejeció bien. Un cuarto de siglo después, los informes más recientes sobre la región (el más reciente de ellos, publicado este año por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo bajo el título “Democracias bajo presión”) describen exactamente esa combinación de fragilidades que la Carta anticipó: instituciones que pierden legitimidad no porque las tumbe un golpe, sino porque la ciudadanía deja de creer en ellas; economías ilícitas y crimen organizado que erosionan la autoridad del Estado desde los márgenes; una polarización que convierte cada elección en una acusación cruzada de fraude a la democracia misma. La confianza en las autoridades electorales de la región, que rondaba el 47% hace una década, ha caído a poco más de un tercio de la ciudadanía. Son cifras que ningún texto jurídico puede revertir por sí solo.
Y ahí está el nudo del aniversario que se conmemora: la Carta ha sido, a la vez, un éxito normativo y un fracaso relativo como mecanismo de acción. Su artículo 20, pensado para activarse ante alteraciones del orden constitucional, se invocó en 2009 tras el golpe en Honduras, pero mostró también sus límites cuando intentó aplicarse frente a Venezuela sin lograr los votos necesarios. Caracas terminó por retirarse de la organización; Nicaragua hizo lo mismo poco después. Cuba permanece fuera del sistema desde hace décadas. En los tres casos, el diagnóstico de la Carta resultó certero, pero no bastó para torcer el rumbo de los hechos. La OEA ha vuelto a señalar este año la necesidad de restaurar la democracia en esos tres países, en un lenguaje que suena, a estas alturas, más a constatación resignada que a advertencia con consecuencias.
Marco de legitimidad y voluntad política
Ese contraste no debería llevarnos a despachar la Carta como letra muerta. Los tratados y las declaraciones interamericanas no funcionan como leyes penales, sino como marcos de legitimidad que encarecen el costo político de romper las reglas y que ofrecen, a las sociedades civiles y a las oposiciones democráticas, un lenguaje común para nombrar el abuso de poder. Que un régimen se sienta obligado a salir de la OEA antes que aceptar el escrutinio de la Carta es, en sí mismo, una forma indirecta de reconocer su autoridad moral. El problema no es que el instrumento carezca de valor; es que ese valor depende enteramente de la voluntad política de los Estados que deben aplicarlo, y esa voluntad ha sido frecuentemente selectiva.
Veinticinco años después, la pregunta que vale la pena hacerse no es si la Carta Democrática Interamericana sigue siendo necesaria —y lo es, quizás hoy más que en 2001—. La pregunta es si los gobiernos de la región están dispuestos a pagar el costo de aplicarla con la misma vara para todos, incluidos los aliados incómodos y los socios comerciales relevantes. La Carta puso por escrito, hace un cuarto de siglo, que los pueblos americanos tienen derecho a la democracia. Lo que todavía está pendiente es que ese derecho deje de depender de la conveniencia diplomática del momento.
Josefina Tapia
Coordinadora Instituto Internacional de Estudios para la Democracia
Universidad del Alba
Fuente: We Comunicaciones