Académicos de Derecho y Psicología de la Universidad de La Serena, advirtieron que la iniciativa del Ejecutivo no solo busca sancionar, sino también fortalecer la prevención y la crianza.
El proyecto de ley de responsabilidad parental, impulsado por el Ministerio de Justicia, abrió un nuevo debate sobre el rol que tienen las familias en la prevención de conductas delictuales y en el cuidado de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta contempla medidas que van desde multas económicas hasta la pérdida de la patria potestad y restricciones al derecho sucesorio, además de programas de habilidades parentales y acompañamiento familiar.
Con respecto a esto, el académico de Derecho Civil del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Serena, Nelson Gallardo Benavides, señaló que “la lógica del proyecto reacciona al hecho de que en la actualidad existen normas de responsabilidad parental en el Código Civil, pero son poco eficaces, debido a que los procedimientos judiciales son de lato conocimiento y porque los supuestos normativos de las normas civiles (sobre todo codificadas) son difíciles de aplicar”.
El Magíster en docencia para la educación superior, también explicó que “el proyecto permitiría que los padres o cuidadores sean responsabilizados judicialmente cuando se determine que incumplieron sus deberes de cuidado, orientación o supervisión respecto de sus hijos menores de edad”.
“Esto implicaría que los Tribunales de Familia podrían intervenir en situaciones donde las conductas de los hijos generen daños a otras personas, por actos de violencia escolar o destrucción de bienes”, añadió.
En cuanto al impacto de esta iniciativa, el académico recalcó que “podría establecer sanciones civiles e infraccionales para padres o madres, como multas, obligación de reparar daños, asistencia obligatoria a programas de apoyo familiar o medidas de orientación parental. También tendría el efecto de fortalecer el rol preventivo del Estado y de los Tribunales de Familia, ya que no solo se buscaría castigar, sino también intervenir tempranamente en contextos familiares conflictivos”.
“Otro efecto relevante sería la ampliación de las facultades judiciales para evaluar el entorno familiar y exigir un mayor cumplimiento de los deberes de crianza. Sin embargo, el proyecto también podría generar debate respecto de hasta qué punto es justo responsabilizar legalmente a padres y madres por las conductas de sus hijos”, advirtió.
En relación a cómo podrían los tribunales determinar cuándo existe negligencia parental, el académico argumentó que “podrían considerarse elementos como el nivel de supervisión ejercido por los padres, antecedentes previos, medidas adoptadas por la familia, situación socioeconómica y acceso a apoyo psicológico o estatal. No bastaría con que el hijo haya cometido una conducta dañina para responsabilizar automáticamente a los padres, ya que debería acreditarse un incumplimiento efectivo y evitable de los deberes parentales”.
“En este punto, el proyecto podría enfrentar desafíos importantes, ya que muchas conductas de niños, niñas y adolescentes están vinculadas a contextos como pobreza, violencia intrafamiliar, falta de acceso a salud mental o problemas de integración escolar, por lo que los tribunales deberían considerar tanto la responsabilidad de los padres como las condiciones sociales que afectan a las familias”, afirmó.
Crianza, supervisión y prevención
Más allá de las implicancias legales, la propuesta también abrió un debate sobre el impacto psicológico y social que podría tener este tipo de medidas en las dinámicas familiares y en los procesos de crianza.
En relación al impacto que podría generar esta iniciativa, el académico del Departamento de Psicología y coordinador del Centro de Atención Psicológica y Salud Integral (CAPSI) de la USerena, Nestor González, aseguró que “este proyecto desplaza parcialmente el foco desde la conducta infractora del adolescente hacia las condiciones relacionales y educativas que participan en su trayectoria evolutiva, considerando que las conductas antisociales también dependen de variables familiares, escolares, comunitarias y socioculturales”.
De acuerdo al psicoterapeuta en trastornos del ánimo, “dimensiones como la supervisión parental, la calidad del vínculo, la presencia afectiva y la participación activa en la crianza funcionan como factores protectores frente a conductas de riesgo, mientras que la ausencia sostenida de supervisión y límites puede constituir uno de los predictores relevantes de trayectorias problemáticas”.
Ahondando en esto, el experto en trastornos ansiosos adelantó que “la ley podría tener un efecto positivo si logra reforzar funciones parentales, tales como presencia cotidiana, seguimiento escolar, establecimiento de normas, supervisión del contexto social del adolescente y corresponsabilidad educativa”.
El especialista en estrés post-traumático también hizo hincapié en que “durante años el debate se concentró en la respuesta frente al delito juvenil, pero menos en la responsabilidad relacional previa, pero este proyecto instala la idea de que la crianza no es solamente afecto o acompañamiento, sino también estructura, límites y responsabilidad activa”.
El magíster en Psicología Social también alertó que “si la respuesta queda reducida a sanciones económicas o jurídicas, existe el riesgo de aumentar el estrés parental y favorecer estilos educativos excesivamente autoritarios, especialmente en familias con vulnerabilidad social o dificultades de salud mental”.
En relación a las medidas de orientación y programas de habilidades parentales incluidos en el proyecto, el académico sostuvo que “las intervenciones orientadas al fortalecimiento parental son una de las estrategias preventivas más efectivas dentro del desarrollo infantil y adolescente”.
En apoyo a esto, el psicólogo indicó que “muchas conductas problemáticas se relacionan con dificultades en la crianza, como supervisión inconsistente, límites difusos o desorganización familiar. En ese contexto, programas de parentalidad positiva han mostrado efectos en la disminución de agresividad y conductas antisociales”.
“Esto tiene implicancias relevantes para el proyecto, ya que las medidas de orientación parental podrían transformarse en una intervención preventiva temprana. Además, especialistas advierten que intervenir solo al adolescente suele ser insuficiente, considerando también factores como precariedad económica, agotamiento o falta de redes de apoyo”, agregó.
Fuente: Universidad de La Serena