Expertos convocados analizaron la entrada en vigor de este instrumento creado para entregar representación judicial, orientación y apoyo psicosocial.
La creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas marca un paso relevante en la forma en que el Estado chileno aborda la atención a quienes enfrentan las consecuencias de un delito. Así lo comentó la directora nacional del servicio, Macarena Cortés Camus, quien señaló que este cambio permitirá unificar prestaciones que hasta ahora aparecían dispersas.
“Las víctimas van a contar con una institucionalidad única con representación a nivel nacional para poder acceder a prestaciones que permitan acoger sus necesidades, ya sea de representación judicial en el proceso, en calidad de querellantes, de asesoría jurídica, de orientación y también de apoyo psicológico y social”, explicó.
La autoridad añadió que uno de los principales retos será diseñar un modelo de atención capaz de responder a la realidad actual del delito en el país, con presencia territorial y cercanía con las personas. En ese diseño, una de las figuras clave será la del gestor de casos, pensado para acompañar a la víctima durante todo su tránsito por el sistema. “Uno de nuestros propósitos es evitar la doble victimización de las personas que pasan por el sistema”, subrayó Macarena Cortés.
Brechas abiertas
Desde la academia, la investigadora del Centro de Derecho Penal de la Universidad de Talca (CEDEP-UTalca), Gloria Mancilla Ibacache, advirtió que el avance institucional debe leerse con cuidado. “En cuanto a los derechos o esta posibilidad reparatoria por parte de la víctima, no se ve muy de manifiesto este avance”, planteó la especialista quien señaló que, aunque en Chile ha existido una progresión en derechos de protección y participación, la dimensión reparatoria sigue siendo la más rezagada, lo que mantiene abiertas importantes brechas de acceso a la justicia.
La investigadora del CEDEP también llamó a moderar las expectativas respecto del nuevo organismo. “No es que vamos a tener una institución como la Defensoría Penal Pública, como el Ministerio Público, más bien se trata de un servicio con distintos focos de asistencia, información y reparación, y no de una defensoría autónoma en sentido estricto”, puntualizó.
A esta discusión se sumó la mirada comparada de la académica de la Universitat de Girona (España), Teresa Armenta, quien sostuvo que la “experiencia española muestra que es posible avanzar con modelos focalizados en ciertos grupos, como víctimas de violencia de género y menores”.
Cabe destacar que estas reflexiones surgieron en el seminario internacional “Acceso a la justicia a víctimas y su institucionalidad”, organizado por el CEDEP-UTalca en el Campus Santiago de esta casa de estudios y en el contexto de la entrada en vigor -en nuestro país- del nuevo Servicio de Acceso a la Justicia para Víctimas.
Fuente: Universidad de Talca