Ante la opción de que Miguel Krassnoff, exagente de la DINA, pueda ser uno de los favorecidos, el académico de la Facultad de Derecho de la Usach, Ricardo Sáez manifestó que entre los requisitos del proyecto no se distingue qué delitos se van a incluir o son susceptibles de obtener beneficio por parte de los condenados.
Tras un tenso debate y en una estrecha votación, la Sala del Senado aprobó en general, con 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad.
El tercer artículo de la iniciativapodría abrir la puerta a que condenados como Hugo Bustamante, quien asesinó a Ámbar Cornejo; o Julio Pérez, conocido como el psicópata de Alto Hospicio, además de María del Pilar Pérez (la Quintrala) y Miguel Krassnoff, agente de la DINA condenado por crímenes de lesa humanidad, o al recientemente encarcelado Miguel Ángel Cerda, imputado como el autor intelectual de un sicariato, puedan ser beneficiados con esta iniciativa, que cumple su primer trámite y que tendrá el hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones.
Otro reo que podría ser beneficiado es Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya, quien tiene 73 años y fue condenado por cuatro delitos de abuso sexual contra menores.
Ricardo Sáez, abogado especialista en derecho constitucional y académico de la Facultad de Derecho de la Usach, afirma que “efectivamente, y en la medida que cumplan con los requisitos que establece el proyecto de ley, María del Pilar Pérez, o el psicópata de Alto Hospicio, entre otros, podrían cumplir su condena en el domicilio, producto de la situación de salud que podrían tener, siempre y cuando esté acreditado”.
El profesional aclaró que en caso que incumplan las condiciones por las cuales se les otorgó el beneficio, deberían “volver al recinto penal al cumplimiento de la condena”.
El docente de la Usach planteó que esta iniciativa podría tener observaciones, que se tendrán que ver en el Congreso. “Es parte del proceso democrático que se hagan todas las observaciones necesarias o posibles a objeto de mejorar y de poder conciliar finalmente la política criminal con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Ante la opción de que Miguel Krassnoff, agente de la DINA, pueda ser uno de los beneficiados, el especialista en derecho constitucional manifestó que entre los requisitos del proyecto no se distingue qué delitos se van a incluir o son susceptibles de obtener beneficio por parte de los condenados.
“Es parte de la discusión que se tiene que dar ahora en el Congreso con respecto a los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado de Chile en materia de derechos humanos”, acotó.
Fuente: Usach.