Ha ocurrido lo que tantas y tantos temíamos. El día 5 de abril, la sala del Senado aprobó el control de identidad preventivo. Así, ha quedado a un paso de convertirse en ley la más peligrosa medida de la que se tenga recuerdo contra los derechos fundamentales de las mujeres y hombres que habitan en este país. O más bien, contra los derechos fundamentales de las mujeres y hombres pobres de este país. Contra los derechos de los excluidos, marginados, invisibilizados y oprimidos.
Sí, el control preventivo de identidad que la sala del Senado acaba de aprobar es una medida que tiene rostro y clase. Queremos decirlo con claridad: para los pobladores y pobladoras de La Legua, esta medida es una tragedia.
Si el nuevo control de identidad llega a convertirse en ley, se habrá dado rostro legal al abuso crudo y permanente. Con esta nueva figura, los funcionarios y funcionarias policiales tendrán la facultad para requerir la identificación a cualquier persona sin mediar explicación alguna. Si la persona no tiene cómo acreditar su identidad, podrá ser llevada a una Comisaría y, en la misma, ser retenida hasta por cuatro horas.
En La Legua, durante quince años, los pobladores y pobladoras han aprendido lo que significa un control de identidad. Han aprendido que bajo la justificación de este control los policías los obligan a desnudarse y les tocan sus partes íntimas. Han aprendido que se les pide la cédula de identidad, y que, aunque la tengan en su poder, son obligados a subir al furgón, dentro del cual son insultados y golpeados por los funcionarios de turno. Han aprendido, también, que si andan sin la cédula de identidad, pueden ser detenidos hasta por ocho horas, en Comisarías en que nuevamente se les golpea, insulta y humilla.
En la discusión del nuevo control de identidad, los parlamentarios y parlamentarias han dicho que si el control es aplicado arbitrariamente o se produce algún abuso, la gente podrá usar las vías de reclamo pertinentes. Una vez más, quienes legislan demuestran un desconocimiento absoluto de la realidad que viven las mayorías de este país.
Desconocen los parlamentarios que cuando los pobladores y pobladoras de La Legua tratan de interponer un reclamo contra un funcionario policial son denigrados por las autoridades de Carabineros, recibiendo un trato humillante y amenazas. Ignoran, también, que el nivel de impunidad policial es tan grande que las víctimas deben convivir a diario con los funcionarios que abusaron de ellos. Si quieren acudir a la justicia militar, se encuentran con un sistema que no acoge sus reclamos, que opera bajo el secreto e invisibiliza el dolor.
Los pobladores y pobladoras han aprendido, en síntesis, que los abusos policiales operan impunemente y de forma sistemática. Con esta nueva medida, nada de ello cambiará. Por el contrario, existirán aún menos garantías. Quienes legislan lo seguirán justificando desde el vacío e ignorante discurso de la seguridad. Para los pobladores de La Legua, en cambio, será la legalización definitiva de prácticas represivas, discriminatorias y violentas que desde hace 15 años han truncado sus vidas.
Fuente: Comité DDHH La Legua Población La Legua.