- El análisis del Observatorio de la Defensoría de la Niñez evidencia que entre 2018 y junio de 2025 se registraron más de 7.500 procedimientos de expulsión y cancelación de matrícula en el sistema escolar. En 2023, un 12% de quienes fueron expulsados no logró reinsertarse en el sistema educativo.
- Solo entre 1° y 8° básico se contabilizaron 1.560 expulsiones de estudiantes entre 2022 y 2025, lo que da cuenta de la aplicación de estas medidas disciplinarias en etapas tempranas de la trayectoria educativa.
Santiago, 05 de febrero de 2026.- A través de su Observatorio de Derechos, la Defensoría de la Niñez alerta sobre una arista poco visibilizada en el debate sobre expulsiones y cancelaciones de matrícula: el impacto que estas medidas tienen en las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes en Chile y el riesgo de exclusión escolar asociado a su aplicación.
Entre 2018 y junio de 2025 se registraron más de 7.500 expedientes de este tipo en establecimientos educacionales del país, con un incremento sostenido en los últimos años. Al igual que en reportes anteriores del Observatorio, los datos muestran un uso particularmente alto de estos procedimientos en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá; una alta recurrencia en establecimientos emblemáticos —donde entre 2023 y 2024 se registró un aumento del 62%—; y la existencia de casos incluso en educación básica. En este nivel, entre 2022 y 2025 se contabilizaron 1.560 expulsiones de estudiantes entre 1° y 8° básico, lo que da cuenta de la aplicación de estas medidas disciplinarias en etapas tempranas de la trayectoria educativa.
En informes previos, la Defensoría de la Niñez ya había advertido que un 12% de las y los estudiantes expulsados entre 2018 y 2022 no volvió a estar matriculado en el sistema escolar durante 2023. Esta situación evidencia las repercusiones que estas medidas disciplinarias tienen en la continuidad educativa y en el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Para la Defensoría de la Niñez, esto constituye una alerta relevante sobre el riesgo de exclusión escolar, ya que estas medidas no solo interrumpen el proceso educativo, sino que pueden provocar una desvinculación prolongada o definitiva del sistema escolar, afectando especialmente a adolescentes con trayectorias marcadas por desventajas acumuladas.
El análisis desarrollado por el Observatorio de Derechos pone especial atención en la aplicación de estos procedimientos en establecimientos que reciben financiamiento público, dado que los establecimientos privados no están obligados a informar las expulsiones y cancelaciones de matrícula. Esta situación ha permitido identificar focos preocupantes de uso reiterado, especialmente en determinados tipos de establecimientos, como liceos técnico-profesionales y colegios emblemáticos, así como una afectación predominante en adolescentes de enseñanza media.
Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que “cuando el sistema educativo expulsa a un adolescente sin ofrecer alternativas reales de acompañamiento, no solo se interrumpe su aprendizaje, sino que se le expone a mayores riesgos de exclusión social, al deterioro de su bienestar y a la desvinculación de redes que hoy cumplen un rol clave como factores de protección”.
Frente a este escenario, la Defensoría de la Niñez reiteró la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, convivencia y mediación escolar; monitorear estrictamente el cumplimiento de la Ley de Inclusión Escolar, que limita la aplicación de expulsiones y cancelaciones de matrícula arbitrarias; fortalecer el acompañamiento psicosocial en establecimientos con alta recurrencia de estos casos; y promover la participación activa de las familias y comunidades educativas en la resolución de conflictos.
Asimismo, el Defensor de la Niñez enfatizó que “los datos muestran que estas medidas se concentran en determinados establecimientos y afectan principalmente a adolescentes, lo que nos obliga a reforzar la prevención, la mediación y el acompañamiento psicosocial”.
El análisis expuesto ya fue remitido al Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación vía oficio.
Fuente: Defensoría de la Niñez