- La resolución judicial ratificó la correcta adjudicación de la licitación pública para la adquisición de 73 camiones aljibe destinados a fortalecer la respuesta ante emergencias hídricas y ambientales en la Región Metropolitana.
Santiago, 29 de enero de 2026.- La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo interpuesto por una empresa oferente en contra del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, confirmando la legalidad del proceso de licitación pública para la adquisición de 73 camiones aljibe para la Región Metropolitana.
El fallo ratificó íntegramente la sentencia del Tribunal de Contratación Pública, que previamente había desestimado la impugnación presentada contra el Informe de Evaluación y el Acta de Adjudicación del proceso licitatorio, descartando cualquier actuación ilegal o arbitraria por parte de la institución.
En su reclamación, la empresa oferente alegaba que la adjudicación vulneraba las bases de licitación, cuestionando especialmente la valoración de las garantías ofrecidas por la empresa adjudicataria y sosteniendo que estas debían provenir directamente de los fabricantes de los vehículos y accesorios. Asimismo, acusó deficiencias en la evaluación técnica y económica del proceso.
Sin embargo, la Corte estableció que las bases administrativas y técnicas de la licitación no exigían que las garantías provinieran necesariamente de los fabricantes, sino que bastaba con que el oferente declarara los plazos y kilometrajes de cobertura. En ese sentido, el tribunal constató que la empresa adjudicataria cumplió con las exigencias establecidas, declarando garantías de hasta 800.000 kilómetros para los vehículos y 120 meses para los accesorios, superando ampliamente los mínimos requeridos.
El fallo también destacó que el mecanismo de aclaración de ofertas mediante “foro inverso” fue aplicado de manera válida y uniforme tanto a la empresa adjudicataria como a la reclamante, resguardando el principio de igualdad de trato entre los oferentes y la libre concurrencia en el proceso.
De esta manera, la Corte concluyó que la evaluación y adjudicación de la licitación respetaron los principios de estricta sujeción a las bases, probidad administrativa, igualdad, eficacia y eficiencia, reafirmando la correcta actuación del Gobierno de Santiago en el desarrollo de sus procesos de contratación pública.
Fuente: Gore Santiago