Una consulta al CDE permitió corroborar que el Estado sí puede presentar acciones contra padres o tutores de los menores que dañan la infraestructura pública al cometer un ilícito. Sin embargo, el subsecretario del Interior descartó que se trate de acciones contra movimientos sociales.
Desde hoy el Gobierno podrá iniciar acciones civiles contra los padres de hijos que hayan cometido daños a la infraestructura fiscal. “Queremos recuperar la totalidad o parte del costo del daño de infraestructura pública que se producen”, afirmó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
El anuncio fue la respuesta del Consejo de Defensa del Estado luego que el al Ministerio del Interior consultara al organismo sobre la posibilidad de buscar responsabilidades civiles en los padres o tutores, tras una persecución policial en diciembre de 2015 entre Carabineros y menores de edad que culminó con seis funcionarios lesionados y cinco vehículos policiales con daños, cuyas pérdidas fueron avaluadas en 70 millones de pesos.
Durante una actividad de la PDI -que decomisó cerca de 50 armas de fuego y más de 3 mil cartuchos de diversos calibres-, Aleuy fue consultado sobre si esta medida se aplicará contra los menores que participan en marchas sociales. “No hacemos demandas contra organismos sociales que se manifiestan públicamente. Lo hacemos en aquellos casos en donde hay un delito y en donde hay daño de infraestructura pública”, explicó la autoridad.
Entrega de tierras a comunidades mapuches
La autoridad de Interior también fue requerido sobre la posibilidad de que no se entreguen beneficios sociales a aquellas comunidades indígenas que participen en actos violentos. Al respecto, Aleuy puntualizó que “los beneficios que otorga el Estado, en particular de tierras, se les entrega a una comunidad, no a personas. Mientras no se determine responsabilidad individual, nosotros no hacemos distinción de ello”.
Lo que sí quedó establecido en la ley de presupuestos de este año es que “aquellas comunidades -actuando como comunidad- cometan hechos violentos, esos serán retirados de posibles beneficiados de tierras. Eso se está aplicando este año”, aseguró Aleuy.
Paro en Atacama: “Esperamos que los servidores públicos entiendan la situación del país”
Mahmud Aleuy también se refirió al paro que funcionarios públicos de la Región de Atacama mantienen por un mes, quienes demandan la repetición de un bono otorgado únicamente para el año pasado. Las diferencias surgen tras la aplicación de una encuesta del INE, que determina que Atacama es la séptima región más cara del país.
“Ustedes comprenden que el Gobierno de Chile no está en condiciones de repetirles un bono que se acordó por una vez, menos cuando la región de Atacama no es ni la primera ni la segunda región más cara del país”.
La autoridad añadió que “seguiremos dialogando y conversando, pero esperamos que los servidores públicos de esa región entiendan no sólo que sus ingresos que son bastante superiores al promedio del resto de la región, sino que también comprendan que la realidad económica de hoy es muy distinta a cuando se acordó este bono en 2014. En ese año la libra de cobre estaba a 3,11 centavos de dólar. Hoy está a 2,09”.
Operación “Punto Rojo”
Las declaraciones del subsecretario se dieron esta mañana durante la revisión de la operación “Punto Rojo”, que decomisó aproximadamente 50 armas y más de 3 mil cartuchos de diversos calibres, gracias al trabajo en conjunto entre la PDI y la Fiscalía Sur.
Los procedimientos policiales se desarrollaron en las comunas de San Joaquín y Cartagena, incautando 15 revólveres, 18 pistolas, 19 cañones, cuatro escopetas, un fúsil, miras telescópicas, cartuchos de guerra y para revólveres. Tras los hallazgos, se detuvo en la Región de Valparaíso a Ricardo Abarzúa, quien tiene antecedentes por robo con homicidio, porte ilegal de armas y robo con fuerza. En tanto el operativo realizado en la zona sur de Santiago logró la detención de Walter Lobos Carrera, quien registra detenciones por infracción a la ley de armas y por asaltos a camiones de valores.
“Un análisis detallado de esto indica que cada vez que logramos hacer decomisos, sobre todo decomisos tan importantes como estos, efectivamente hacemos una reducción del armamento que está en poder de los delincuentes.”, explicó Aleuy, y –acerca de la cantidad de armas que poseía uno de los detenidos- agregó que “no es razonable que una persona que ha sido condenada dos veces tenga inscrito nueve armas”.
Ante posibles restricciones para las personas que quieran comprar un arma, Aleuy especificó que próximamente se adoptarán una serie de medidas administrativas, adoptadas por Interior y Defensa, que exigirá mayores requisitos para armeros y compradores. Entre esas medidas, adelantó que “estamos haciendo una gestión que permitiría que una vez que ingrese un arma a Chile, vaya inmediatamente a un laboratorio, para luego pueda ser vendida”.
Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.