En plena temporada alta, Chile atraviesa un momento complejo en materia de seguridad turística. Los hechos recientes han puesto en evidencia brechas graves que afectan directamente la experiencia de quienes nos visitan y comprometen la reputación internacional del país.
Durante los últimos días, más de 200 turistas argentinos fueron víctimas de una estafa en Reñaca mediante falsos arriendos de departamentos. Se trata de un fraude deliberado que combinó suplantación de identidad, imágenes manipuladas y plataformas digitales utilizadas para inducir pagos que superaron el millón de pesos por alojamientos inexistentes. Este delito no solo arruinó vacaciones de familias extranjeras, sino que dejó en evidencia la sofisticación creciente de redes criminales que operan aprovechando vacíos tecnológicos y regulatorios.
A este hecho se suma otro de extrema gravedad, como la tragedia sin precedentes de Torres del Paine donde aparte de promesas de revisión de protocolos no existen ajustes concretos en dotación de guardaparques, capacitación o sistemas de alerta temprana.
En paralelo, tenemos denuncias de cobros abusivos en el Aeropuerto de Santiago por parte de taxistas piratas, en algunos casos superiores al millón de pesos. Que estas situaciones ocurran en el principal terminal aéreo del país, un espacio concesionado y con presencia institucional permanente, demuestra fallas profundas en los controles y una permisividad que resulta difícil de entender. El daño para la experiencia turística es inmediato y la señal hacia el extranjero es devastadora.
Estos episodios generan efectos económicos reales, como la afectación a la ocupación hotelera, deterioro de la confianza, golpean la imagen país y perjudican a miles de pymes que dependen del turismo.
Frente a esta realidad, no podemos permanecer indiferentes. Esta práctica criminal que golpea al turismo chileno debe ser erradicada. No aceptaremos que la acción de delincuentes ni la ineficiencia del Estado destruyan la reputación internacional que nuestra industria ha construido con años de esfuerzo y compromiso.
Finalmente, y dada la evidente inacción, lentitud y ausencia de respuesta efectiva del Estado hacia una industria que lleva años exigiendo protección, la Cámara Nacional de Comercio asumirá un rol aún más determinante. Estamos analizando la implementación de un Registro Nacional de Alojamientos Formales de Chile, una plataforma diseñada para que turistas nacionales y extranjeros puedan acceder a información verificada de alojamientos establecidos, formales y seguros. Si el Estado no ha sido capaz de garantizar estos estándares mínimos, lo haremos nosotros para proteger a quienes visitan el país y para resguardar el prestigio de nuestra industria turística.
En plena temporada alta, Chile atraviesa un momento complejo en materia de seguridad turística. Los hechos recientes han puesto en evidencia brechas graves que afectan directamente la experiencia de quienes nos visitan y comprometen la reputación internacional del país.
Durante los últimos días, más de 200 turistas argentinos fueron víctimas de una estafa en Reñaca mediante falsos arriendos de departamentos. Se trata de un fraude deliberado que combinó suplantación de identidad, imágenes manipuladas y plataformas digitales utilizadas para inducir pagos que superaron el millón de pesos por alojamientos inexistentes. Este delito no solo arruinó vacaciones de familias extranjeras, sino que dejó en evidencia la sofisticación creciente de redes criminales que operan aprovechando vacíos tecnológicos y regulatorios.
A este hecho se suma otro de extrema gravedad, como la tragedia sin precedentes de Torres del Paine donde aparte de promesas de revisión de protocolos no existen ajustes concretos en dotación de guardaparques, capacitación o sistemas de alerta temprana.
En paralelo, tenemos denuncias de cobros abusivos en el Aeropuerto de Santiago por parte de taxistas piratas, en algunos casos superiores al millón de pesos. Que estas situaciones ocurran en el principal terminal aéreo del país, un espacio concesionado y con presencia institucional permanente, demuestra fallas profundas en los controles y una permisividad que resulta difícil de entender. El daño para la experiencia turística es inmediato y la señal hacia el extranjero es devastadora.
Estos episodios generan efectos económicos reales, como la afectación a la ocupación hotelera, deterioro de la confianza, golpean la imagen país y perjudican a miles de pymes que dependen del turismo.
Frente a esta realidad, no podemos permanecer indiferentes. Esta práctica criminal que golpea al turismo chileno debe ser erradicada. No aceptaremos que la acción de delincuentes ni la ineficiencia del Estado destruyan la reputación internacional que nuestra industria ha construido con años de esfuerzo y compromiso.
Finalmente, y dada la evidente inacción, lentitud y ausencia de respuesta efectiva del Estado hacia una industria que lleva años exigiendo protección, la Cámara Nacional de Comercio asumirá un rol aún más determinante. Estamos analizando la implementación de un Registro Nacional de Alojamientos Formales de Chile, una plataforma diseñada para que turistas nacionales y extranjeros puedan acceder a información verificada de alojamientos establecidos, formales y seguros. Si el Estado no ha sido capaz de garantizar estos estándares mínimos, lo haremos nosotros para proteger a quienes visitan el país y para resguardar el prestigio de nuestra industria turística.
Fuente: CNC.