En el actual contexto de déficit fiscal estructural y de compromisos de
consolidación asumidos con la OCDE, no resulta aconsejable impulsar en el corto
plazo una reforma tributaria de carácter estructural. Según el Informe de Gasto
Tributario del SII (2024), las exenciones y franquicias alcanzan los US$ 8.449
millones anuales, equivalentes al 2,36% del PIB, concentradas principalmente en
Impuesto a la Renta e IVA. Su eliminación afectaría directamente ámbitos
sensibles como ahorro previsional, pymes, transporte, salud y educación.
Asimismo, una rebaja de la tasa corporativa desde el 27% al 15% mínimo global
del acuerdo BEPS implicaría una pérdida de recaudación estimada entre 1,5% y
2% del PIB, profundizando el déficit fiscal y elevando la deuda pública, sin generar
una ventaja competitiva relevante para atraer inversión.
Respecto de un aumento de impuestos a las personas de mayores ingresos, datos
de la OCDE muestran que Chile ya recauda por sobre el promedio en IVA e
impuesto corporativo, pero muy por debajo en impuestos personales, en gran
medida porque la mayoría de los contribuyentes está exenta del Global
Complementario. En este escenario, la vía sostenible es el crecimiento económico
y el aumento de las remuneraciones.
Más que modificar tasas o eliminar exenciones, parece razonable concentrar los
esfuerzos en mejorar el cumplimiento tributario. Estudios recientes estiman niveles
de elusión entre 4% y 5% del PIB, recursos relevantes que podrían incorporarse
sin alterar la estructura impositiva.
Rodrigo Carvajal
Académico Escuela de Auditoría y Control de Gestión
Universidad Santo Tomás
Fuente: wearesimplicity.