- “El Estado debe fortalecer políticas públicas, no restringir derechos. La niñez migrante merece igualdad y dignidad. Debemos garantizar que ningún niño migrante quede en una situación de desprotección de sus derechos. Se trata de un mandato expreso de la Ley de Garantías y Protección Integral”, indicó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
Santiago, 25 de noviembre de 2025.- La Defensoría de la Niñez, en su calidad de órgano autónomo de derechos humanos, expresó su profunda preocupación frente al proyecto de ley que modifica la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería, en el cual se propone restringir el acceso a beneficios de cargo fiscal, tratándose de niños, niñas y adolescentes migrantes. (Boletín 17474-06). Esto debido a que, según la institución, el proyecto contiene disposiciones que vulneran derechos fundamentales de la niñez en contextos de movilidad humana, los cuales están consagrados en la Constitución, en la Ley de Garantías, en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por Chile.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, manifestó su desacuerdo con el texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara, ya que excluye a niños, niñas y adolescentes del acceso a derechos sociales por su condición migratoria. El primer informe de la Comisión será presentado ante la Sala mañana miércoles 26 de noviembre, lo que podría definir su paso a segundo trámite constitucional. “El Estado debe fortalecer políticas públicas, no restringir derechos. La niñez migrante merece igualdad y dignidad. Debemos garantizar que ningún niño migrante quede en una situación de desprotección de sus derechos. Se trata de un mandato expreso de la Ley de Garantías y Protección Integral”, indicó el Defensor de la Niñez.
En ese sentido, y en cumplimiento de su mandato legal, la Defensoría remitió recomendaciones a dicha Comisión a través de Oficio 1310/2025, alertando que todos los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional tienen los mismos derechos, independientemente de su estatus migratorio. Además, recordó que la Ley de Garantías, en su artículo 8, prohíbe cualquier discriminación arbitraria por nacionalidad, estatus migratorio o condición de refugiado, y obliga al Estado a garantizar la igualdad y efectividad de sus derechos.
Contrariando esa norma, la propuesta legislativa introduce criterios de priorización en salud y educación que favorecen a nacionales, lo que, según la Defensoría, además contraviene el principio de no discriminación y los estándares internacionales exigibles para Chile, pudiendo incluso generar regresión en derechos sociales. “La respuesta del Estado debe orientarse a fortalecer políticas públicas inclusivas, no a establecer limitaciones que afecten a la niñez migrante”, enfatizó Quesille.
Cabe recordar que la Defensoría ya había observado el proyecto originado en Mensaje que modifica la Ley de Migración y Extranjería (Boletín 16072-06), insistiendo en que la solución a la falta de cupos debe abordarse mediante políticas públicas en educación y salud que respondan a los nuevos escenarios demográficos, sin restringir derechos fundamentales.
El Defensor de la Niñez instó al Congreso a legislar con enfoque de derechos y advirtió que “ningún niño debe ser privado de sus derechos fundamentales, por consideraciones exclusivamente asociadas a su estatus migratorio”.
Fuente: defensorianinez.