Ante los hechos recientemente acaecidos en Estación Central, en que vendedores ambulantes lanzaron aceite hirviendo a inspectores municipales, los alcaldes de distintas comunas del país y diferentes sectores políticos manifestamos nuestra profunda preocupación por la tardanza en la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal.
Después de dos años de discusión, aún no contamos con una normativa ampliamente demandada por los municipios y fundamental para enfrentar la compleja crisis de seguridad que vive Chile, así como para proteger a nuestros inspectores y patrulleros, entregándoles protección, seguros y herramientas de resguardo.
A diario, los equipos municipales —patrulleros, inspectores y funcionarios de seguridad— deben enfrentarse a situaciones de riesgo extremo: persecuciones, agresiones, amenazas con armas e incluso ataques directos. Y lo hacen sin un marco legal robusto, sin protección laboral adecuada y sin el reconocimiento formal de funciones que ya cumplen en cada municipio. La falta de esta ley no solo expone a nuestros equipos, sino que limita la capacidad real de los municipios para responder a las necesidades de seguridad de nuestras comunidades.
La realidad es evidente: la delincuencia y el crimen organizado avanzan, mientras los gobiernos locales seguimos trabajando con herramientas insuficientes. Los vecinos exigen seguridad, presencia y acción, y los municipios hacemos lo posible; pero no es viable seguir enfrentando este escenario sin el respaldo del Estado.
Por ello, como alcaldes de Chile, exigimos al Gobierno y al Senado que se avance con total celeridad en la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal. La seguridad de las familias no puede seguir siendo postergada por razones administrativas o políticas. Se requiere urgencia, seriedad y responsabilidad.
Carol Bown, Mario Desbordes, Sebastián Sichel, Agustín Iglesias, Felipe Alessandri, Sacha Razmilic, Max Luksic, Claudio Castro, Camila Merino, Felipe Muñoz, Miguel Concha y Jaime Bellolio.
Fuente: Municipalidad de San Miguel