La iniciativa moderniza las capacidades técnicas y atribuciones del organismo para reforzar la fiscalización y protección de los derechos de las y los pacientes.
La Sala de la Cámara aprobó el proyecto que fortalece las facultades de la Superintendencia de Salud (boletín 17397). La iniciativa tiene como objetivo dotar al organismo de nuevas herramientas de fiscalización, transparencia y gobernanza. Esto se realizará a través de ampliar su ámbito de acción sobre prestadores públicos y privados y actualizar su estructura interna. Además, refuerza los mecanismos de protección a las y los usuarios del sistema de salud
El texto, respaldado por las comisiones de Salud y de Hacienda, establece la creación del Consejo de la Superintendencia de Salud. Este será un órgano técnico y consultivo destinado a fortalecer la gobernanza y la independencia en la toma de decisiones. Estará compuesto por cinco miembros: el o la superintendenta, quien lo presidirá, y cuatro consejeros o consejeras designados por el Presidente de la República, previo concurso público y con acuerdo del Senado.
El Consejo asesorará en la definición de lineamientos estratégicos, criterios técnicos de fiscalización y certificación. Además, emitirá informes públicos sobre el desempeño institucional y del sistema de salud. Junto a esto, velará por la transparencia, la ética y el cumplimiento de estándares en el ejercicio de las funciones del organismo.
Nuevas competencias de la Superintendencia
La iniciativa amplía las facultades de fiscalización de la superintendencia sobre todos los prestadores y aseguradores del sistema, tanto públicos como privados. Así, también, tendrá esta facultad con las entidades acreditadoras y certificadoras.
En la misma línea, se refuerzan sus potestades sancionatorias y se aumentan las multas hasta 10.000 UTM por infracciones graves (más de $695 millones). Asimismo, se faculta al organismo a dictar instrucciones generales de cumplimiento obligatorio para prestadores y aseguradores.
Además, el proyecto crea un Sistema Nacional de Certificación de Especialidades y Subespecialidades Médicas, que igualmente se aplicará a otras profesiones de la salud. Será tarea de la superintendencia coordinar este sistema con universidades y entidades acreditadas por el Ministerio de Salud. El objetivo será asegurar estándares de calidad y transparencia en los procesos de certificación profesional.
Asimismo, la norma redefine el rol de la Intendencia de Prestadores de Salud. Ahora, la entidad asumirá la fiscalización técnica de los prestadores, la supervisión del cumplimiento de protocolos de calidad y seguridad, y la aplicación de sanciones. Junto a esto, se fijan nuevos plazos para corregir irregularidades y establece procedimientos de apelación ante las sanciones impuestas.
Derechos de los usuarios y acceso a información
La iniciativa también refuerza el derecho de las y los pacientes a recibir información clara y completa sobre su atención, tratamientos y cobertura. En esta línea, se reconoce expresamente el derecho a obtener copia íntegra y gratuita de la ficha clínica, en formato físico o digital interoperable.
Los prestadores deberán mantener canales de atención y reclamos bajo supervisión de la superintendencia. Por su parte, el organismo tendrá el deber de difundir los derechos y deberes en salud entre la ciudadanía.
Además, la normativa obliga a los prestadores a cumplir protocolos de atención y seguridad bajo estándares definidos por la autoridad sanitaria. Paralelamente, incorpora requisitos de transparencia en la gestión médica y financiera. De igual modo, agrega mecanismos para prevenir conflictos de interés en la certificación de servicios y profesionales.
El informe de la Comisión de Salud fue rendido en la Sala por el diputado Andrés Celis. En tanto, el de la Comisión de Hacienda fue leído por el diputado Miguel Mellado. Además, participaron en el debate Jaime Sáez, Marta Bravo, Agustín Romero, Tomás Lagomarsino, Enrique Lee, Patricio Rosas y Nathalie Castillo. Por el Ejecutivo expuso la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
En sus intervenciones, las y los diputados valoraron que el proyecto corrija las debilidades de la actual institucionalidad sanitaria. Del mismo modo, que fortalezca el rol fiscalizador de la Superintendencia de Salud. Se destacó, asimismo, que la salud debe entenderse como un derecho social, por lo que relevaron las nuevas herramientas para sancionar y garantizar la atención de las personas.
También se resaltó la creación del Consejo Asesor como un espacio técnico que aportará equilibrio en la toma de decisiones. En general, se consideró que la iniciativa representa un paso necesario hacia un sistema más justo, transparente y centrado en las y los pacientes.
Por su parte, la ministra Ximena Aguilera subrayó que el principal avance es poner a las personas en el centro del sistema sanitario. La idea es garantizar sus derechos por igual ante prestadores públicos y privados.
En su intervención, pidió mantener la facultad de árbitro arbitrador de la superintendencia, explicando que este mecanismo no reemplaza la ley, sino que permite resolver conflictos sin necesidad de judicializarlos. Esta solicitud fue apoyada por las y los diputados en el tiempo de votaciones, rechazando la redacción que había planteado Hacienda sobre este punto, por 12 votos a favor, 110 en contra y 9 abstenciones.
Fuente: Minsal.