- La investigación, presentada en el principal evento sobre criminología en el país, evidenció obstáculos en los procesos de denuncia, como el desconocimiento de los canales formales, deficiencias en la atención institucional y riesgos de victimización secundaria. Además, se destacó el liderazgo femenino en los Comités de Seguridad Vecinal, donde las mujeres representan el 74,7% de la participación, ampliando la agenda comunitaria hacia un enfoque integral de Seguridad Humana.
13 de octubre de 2025.- En el marco del V Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Criminología (Sochicrim), el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, compartió la experiencia del Programa Fortalecimiento de la Denuncia en una ponencia académica. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Santiago y ejecutada por el CESC, busca incentivar la denuncia en la Región Metropolitana a través de sensibilizar a la ciudadanía y municipios metropolitanos.
Sobre el aporte de la academia al trabajo interinstitucional en seguridad comunitaria, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, manifestó que “la seguridad no solo se construye con más policías o cámaras, sino también con más confianza y participación ciudadana. Programas como este, que combinan evidencia científica y acción en terreno, son fundamentales para derribar las barreras que hoy impiden denunciar y fortalecer el vínculo entre las personas y las instituciones”.
Por su parte, el director del CESC, Claudio González, comentó que “estas investigaciones permiten identificar desafíos concretos en la seguridad comunitaria y orientar políticas públicas basadas en evidencia”. Así, el académico recalcó que “buscamos contribuir a la prevención del delito y al desarrollo de comunidades más seguras y participativas en el proceso de denuncias”.
Desconocimiento ciudadano y obstáculos para denunciar
La abogada y Magíster en Criminología, Maite Negrete, del CESC, expuso sobre las barreras de acceso al sistema formal de denuncias, destacando el alto desconocimiento ciudadano respecto de las instituciones competentes. Aunque el Código Procesal Penal permite denunciar ante el Ministerio Público, PDI, Carabineros, Gendarmería o Tribunales, muchos creen erróneamente que los números municipales o redes sociales son canales válidos.
El Programa Fortalecimiento de la Denuncia detectó también desconocimiento sobre el contenido mínimo de una denuncia y desconfianza en la eficacia del sistema judicial, a lo que se suman problemas de atención y desmotivación policial, factores que profundizan la subdenuncia. Negrete enfatizó la necesidad de educación cívica y comunicación institucional para mejorar el acceso ciudadano a los canales formales.
La denuncia en crisis: el costo de la victimización secundaria
El psicólogo Pedro Toledo analizó la experiencia ciudadana en los procesos de denuncia, relevando fallas en el trato y legitimidad institucional durante la recepción de denuncias por parte de Carabineros. Su investigación, basada en 41 grupos de discusión, reveló falta de empatía, largas esperas y desmotivación de los funcionarios, además de deficiencias en habilidades blandas y conocimientos jurídicos.
Toledo propuso profesionalizar la recepción de denuncias mediante formación continua en victimología, género y atención psicosocial, fortaleciendo así la confianza ciudadana.
Liderazgo femenino en la seguridad vecinal
Las investigadoras Emilia Rioseco y Monserrat Díaz abordaron el rol de las mujeres en los Comités de Seguridad Vecinal, donde representan el 74,7% de la participación. Este liderazgo ha impulsado una visión comunitaria de la seguridad, ampliando las agendas hacia temas de educación, salud y cuidados.
Sin embargo, advirtieron que la participación femenina sigue siendo limitada en los espacios de decisión, y que persisten discursos punitivistas, como el llamado “feminismo pistolizado”, que tensionan las perspectivas de género en seguridad.
El Programa Fortalecimiento de la Denuncia, impulsado por el Gobierno de Santiago y ejecutado por el CESC, busca fortalecer la confianza en las instituciones y promover una ciudadanía más activa e informada frente al delito.
Fuente: gobiernosantiago.