El Consejo para la Transparencia presentó los resultados de una fiscalización extraordinaria realizada a 39 subsecretarías de la Administración Central del Estado que evaluó el acceso a la información sobre estudios e investigaciones financiados por éstas en 2023. La metodología ocupada fue dirigir solicitudes de acceso a información a cada una de estas entidades requiriendo información sobre la materia, así como revisar sus páginas web.
El análisis realizado permitió identificar que el gasto total reportado en estudios durante 2023 alcanzó los 126.000 millones de pesos, ejecutados por 30 de las 39 subsecretarías analizadas. La subsecretaría de Salud Pública destacó como el organismo que realizó el mayor gasto, representando el 27% del total.
El informe reveló en 9 subsecretarías diferencias superiores a 700 mil pesos entre los montos de gastos en estudios e investigaciones reportados al CPLT y los publicados en el portal de la Dirección de Presupuestos (DIPRES).
Asimismo, la fiscalización constató problemas en el acceso a los estudios e investigaciones. Más del 66% de los estudios identificados y que formaron parte de la muestra no se encontraban disponibles en las páginas web de las subsecretarías, lo que implica que para que la ciudadanía pueda acceder a ellos deben ser requeridos expresamente mediante solicitudes de acceso a información.
En cuanto a las modalidades de contratación, la inspección reveló un alto uso del trato directo: Más del 40% de los estudios o investigaciones revisados se adjudicaron bajo esta modalidad. De estos, el principal monto de dinero invertido es en estudios contratados bajo la causal de justificación “emergencia o imprevisto”, seguido de “especiales facultades del proveedor”. Respecto de estos últimos, solo en un 6% de los casos fue posible acceder en Mercado Público a los informes técnicos que justificaban la causal.
“Estos hallazgos muestran la necesidad de fortalecer los estándares de transparencia en las contrataciones públicas. Los ciudadanos deben contar con información clara y accesible sobre cómo se invierten los recursos en estudios e investigaciones, que finalmente son los antecedentes que fundamentan las políticas públicas que los afectan directamente. Este informe nos muestra que hay tareas urgentes que atender. Una de ellas es acercar esta información a la ciudadanía, a través de la publicación proactiva, evitando que deba ser solicitada uno a uno”, afirmó Bernardo Navarrete, presidente del CPLT.
El CPLT, en su rol de garante del derecho de acceso a la información en Chile, hace un llamado a las subsecretarías a ajustar sus procedimientos y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia. Una de las prioridades debe ser mejorar la publicación proactiva de los informes de resultados de los estudios en las páginas web de los organismos, facilitando su consulta inmediata por parte de la ciudadanía.
Asimismo, el Consejo enviará oficios a la Dirección de Presupuestos, la Dirección de Compras Públicas y la Contraloría General de la República, informando los hallazgos y recomendando ajustes para fortalecer los mecanismos de control en la gestión de recursos públicos.
“Esta fiscalización no solo busca exponer deficiencias, sino también inspirar cambios concretos que mejoren la rendición de cuentas en el Estado. Es fundamental garantizar a los ciudadanos el acceso a información que les permita evaluar cómo se están utilizando los recursos públicos. Donde hay un peso público, debe haber transparencia”, concluyó Navarrete.
Fuente: CPLT.