Lamentablemente, se ha hecho costumbre que, al comenzar a subir las temperaturas,
también se da inicio a la ocurrencia de mega incendios forestales. Con el objetivo de
evitarlos, expertas entregan recomendaciones a autoridades y a ciudadanos.
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20 de diciembre, 2024. Las altas temperaturas no sólo nos indican la llegada del verano y, con él, de las
vacaciones. Lamentablemente, en los últimos años, también son un indicador certero del inicio de la
temporada de incendios.
De hecho, un informe de Naciones Unidas estima un aumento de 14% en los incendios extremos para
2030, lo que se fundamenta en factores climáticos y ambientales críticos. Silvana Espinosa, geógrafa y
vocera de Greenpeace Chile, explica que entre ellos se cuenta el cambio climático, que juega un rol
central al intensificar condiciones como sequías prolongadas, altas temperaturas y baja humedad
relativa, que convierten la vegetación en combustible altamente inflamable. Estas condiciones no sólo
prolongan la temporada de incendios, sino que los hacen más severos y difíciles de controlar.
“El cambio en el uso del suelo (por ejemplo, la deforestación para actividades industriales o
inmobiliarias), reduce la humedad y elimina la cubierta vegetal que actúa como barrera natural contra el
fuego. Adicionalmente, la pérdida de biodiversidad debilita los ecosistemas, haciéndolos más vulnerables
al impacto de incendios”, indica Espinosa y agrega que, si no se toman medidas urgentes, “el incremento
de incendios extremos podría volverse más pronunciado”.
En este sentido, Gabriela Azócar, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2,
considera que Chile ha mejorado en varios aspectos su capacidad de respuesta y preparación gracias a
una mayor disponibilidad de recursos y decretos de emergencia preventiva: “El presupuesto en la
materia se ha incrementado progresiva y sustantivamente desde lo ocurrido con el Megaincendio de
2017, con un histórico aumento del 47% para el Plan de Incendios Forestales 2023-2024 de CONAF”,
asegura Azócar.
La experta del CR2 añade que, en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía (aquellas que han sido
más impactadas por estos eventos) se ha logrado una mejor coordinación local y colaboración con
actores privados, como empresas forestales, y también se han desarrollado otros avances normativos en
esta materia, como, por ejemplo, planes locales de emergencia, decretos que establecen estados
preventivos de emergencia y planes específicos por variables de riesgo. “Sin embargo, persisten
desafíos clave, como invertir más en programas de preparación y prevención y avanzar en el diseño de
planes de evacuación específicos para zonas de interfaz urbano-forestal”, destaca la investigadora.
Recomendaciones para evitar la ocurrencia de incendios
Es por todo lo anterior que urge contar con una normativa que sea capaz de regular la prevención y el
combate de los incendios en el país. Al respecto, Espinosa declara: “Desde Greenpeace hemos alertado
la urgencia de contar con una ley que proteja de manera efectiva las zonas de interfaz urbano-rural, que
son las que revisten mayor riesgo en materia de ocurrencia de incendios forestales, y que incorpore
zonas de amortiguación que eviten su rápida propagación y permitan controlarlos. El Ejecutivo está
empujando un proyecto de ley que avanza en esta materia, que está desde marzo en manos de la
Comisión de Agricultura del Senado, pero no está avanzando con la celeridad que se requiere porque
nuestras autoridades no le están dando prioridad a su tramitación”.
La investigadora del CR2 coincide con la importancia de contar con una regulación en la materia,
considerando que el 99% de los incendios forestales están vinculados a acciones humanas.
“Actualmente, las normativas en discusión, como la Ley de Prevención de Incendios Forestales, se
enfocan principalmente en regular predios, delimitar y normar las zonas de interfaz urbano-forestal, lo
cual es muy necesario. Sin embargo, existe un vacío significativo en cuanto a la posibilidad de generar
programas específicos de preparación y prevención dirigidos a personas y comunidades”, declara,
complementando que son necesarias sanciones más rigurosas para empresas y personas que
provoquen incendios, o sean negligentes y realicen prácticas riesgosas que contribuyan al riesgo de
ignición.
Mientras contamos con una normativa a la altura del desafío, según Azócar los gobiernos locales deben
fomentar la participación de las comunidades en el desarrollo de planes locales de prevención y
emergencia dado que son ellas las que mejor conocen sus territorios. “Otras medidas son mantener
zonas de interfaz libres de material inflamable y coordinarse con empresas eléctricas para reducir riesgos
asociados al tendido eléctrico. Su rol en la alerta temprana y en la generación de confianza hacia la
información oficial es muy importante”, comenta.
La geógrafa de Greenpeace añade que tanto el gobierno como el Estado en su conjunto debiesen
generar más iniciativas que permitan, por una parte, educar a la ciudadanía y, por otra, que los territorios
dispongan de más recursos para poder prevenir y combatir los incendios. “No basta con destinar más
recursos al combate de los incendios, por sobre todo se requiere trabajar con fuerza en la prevención, y
eso implica dirigir más recursos para educar y para fiscalizar”, asevera.
Ambas expertas concuerdan en que la colaboración de personas y comunidades también es
fundamental en esta materia, evitando prácticas que tengan un alto riesgo de incendios, como arrojar
cigarrillos encendidos, hacer fogatas o asados en lugares públicos (que no disponen de las condiciones
idóneas) y no gestionar correctamente el material inflamable, entre otras.
“Los ciudadanos estamos llamados a colaborar en la prevención, a denunciar malas prácticas y a
educarnos en cómo responder rápidamente ante la ocurrencia de incendios; pero también debemos
confiar en las autoridades y en las alertas que estas establezcan para evitar que, ante un incendio,
nuestras vidas estén en riesgo”, puntualiza Espinosa.
Fuente: Greenpeace.