El informe realizado por la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la
Universidad San Sebastián propone medidas como la creación de sistemas
de emergencia regionales y otorgar un rol al gobernador en el Comité
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).
En materia de comunicación de emergencias, sugiere integrar canales
como mensajería capaz de interrumpir señales de TV y radio, carteles
digitales y alertas inalámbricas para asegurar una entrega de mensajes
efectiva
Entre 2010 y 2020 se registraron —en el planeta— 11 terremotos de magnitud 8 o
superior, de los cuales cuatro (36%) ocurrieron en Chile. Nuestro territorio también ha
sido afectado por inundaciones, aluviones catastróficos y erupciones volcánicas con
capacidad destructiva. Este dato es parte del contexto que incluye el estudio “Brechas
y propuestas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Emergencias y
Reducción de Riesgo de Desastres”, desarrollado por la Facultad de Ciencias de la
Naturaleza de la Universidad San Sebastián (USS).
El análisis, liderado por Michel De L’Herbe, consultor y experto en manejo de
emergencias, a su vez, detalla que desde 2014 a la fecha el país ha enfrentado la
década más catastrófica desde que hay registro en materia de incendios forestales.
Las temporadas 2014, 2023 y 2024 sumaron el mayor número de personas fallecidas. El
incendio de febrero de este año en la región de Valparaíso fue el segundo más
mortífero del siglo en el mundo, superado solo por los incendios de 2009 en Australia.
“Precisamente, a raíz de este último acontecimiento nació la necesidad de elaborar
este informe. El objetivo es identificar brechas y desafíos en el sistema de emergencias
de Chile y plantear mejoras concretas para modernizar la gestión de riesgos y
emergencias en el país. Se busca un enfoque integral y multidimensional que permita
fortalecer la capacidad de respuesta a nivel local, regional y nacional, integrando a la
comunidad y adaptando las prácticas a la diversidad territorial y cultural del país”,
explica De L’Herbe.
Descentralización y fortalecimiento de capacidades locales
Uno de los hallazgos del estudio es que la ley chilena centraliza la toma de decisiones
en la gestión de emergencias a nivel nacional, a través del SENAPRED y el Ministerio
del Interior, con escasas bajadas a nivel local.
Ante esto se propone una estructura de gestión que otorgue mayor poder y recursos a
los niveles regional y local. Esto incluye la creación de sistemas de emergencia
regionales que puedan coordinarse con el central, pero que tengan la autonomía
necesaria para tomar decisiones rápidamente. Además, se sugiere fortalecer las
capacidades técnicas y financieras de las municipalidades, especialmente, en áreas
rurales.
“Hoy, más que nunca, necesitamos que exista colaboración a toda escala y entre el
mundo público, privado, la sociedad civil y la academia para poder tener una real
gestión de emergencias ante desastres naturales. Sobre todo, en el contexto de los
graves efectos que está causando el cambio climático, que ha profundizado las
amenazas”, dice la decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza USS, María
Emilia Undurraga.
Nuevas funciones para los gobiernos regionales
El informe expone que el sistema actual presenta una baja rendición de cuentas, con
mecanismos limitados y poco claros que pueden generar falta de transparencia y
dificultar la evaluación de su desempeño, lo que se agrava por un enfoque en la
responsabilidad penal personal, en lugar de mejorar la gestión a nivel ejecutivo.
Frente a esto, se plantea establecer roles y funciones para los gobiernos regionales en
cada fase del ciclo de vida de la emergencia. A lo anterior, se suma otorgar un rol al
gobernador en el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).
Instancia superior encargada de definir políticas y estrategias nacionales, integrando a
ministerios, organismos públicos y privados.
Comunicación más efectiva
El análisis de la USS también expone que la legislación chilena no establece estándares
específicos para las comunicaciones de emergencia ni garantiza el desarrollo de un
sistema acorde a las necesidades. Dentro de las propuestas para reducir esta brecha
figuran acciones como integrar diferentes canales de comunicación, como mensajería
capaz de interrumpir señales de TV y radio, carteles digitales y alertas inalámbricas para
asegurar una comunicación efectiva durante las evacuaciones y otras acciones críticas.
“A pesar de ser uno de los países con mayor despliegue de fibra óptica según la OCDE,
estos avances en conectividad no se reflejan en la seguridad pública. Este aspecto es
crucial para establecer comunicaciones efectivas durante acciones clave como las
evacuaciones”, agrega De L’Herbe.
En esa línea, pone como ejemplo los incendios de Valparaíso de este año. “Uno de los
problemas que existió es que el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) no funcionó
correctamente, por lo que la gente no sabía cómo ni cuándo evacuar cuando el fuego
llegó a sus viviendas”, menciona.
También se levanta la necesidad de establecer una sola codificación de alertas, con
una clara definición del significado y las acciones asociadas a cada nivel. Actualmente,
SENAPRED posee un sistema de alerta que establece tres colores (verde, amarillo, rojo)
y, por su parte, Sernageomin posee cuatro colores frente a amenaza volcánica. Resulta
altamente recomendable establecer un solo lenguaje asociado a colores y acciones
predefinidas para cada una de ellas que favorezca una adecuada comprensión por
parte de la comunidad”, complementa María Emilia Undurraga.
Profesionalización en la gestión de emergencias
En análisis desarrollado por la USS plantea que Chile carece de un sistema normado
para la selección, formación y certificación del personal en la gestión de emergencias.
Actualmente no existen carreras técnicas o profesionales especializadas en Seguridad
Pública y Gestión de Emergencias, por lo que se sugiere seguir las buenas prácticas
internacionales para crear un modelo debidamente normado.
“El informe insta un cambio a nivel de ley donde además de requerir un título o grado
académico en particular sea posible acreditar competencias, experiencia y
especialización. A su vez, se requiere que el Estado genere programas de capacitación
y entrenamiento normado que considere las debidas actualizaciones, revisiones y
perfeccionamiento cuando corresponda en un modelo de educación continua de
rápida implementación, flexible, adaptable al desarrollo y nuevos conocimientos. Esta
medida es clave al momento de instalar capacidades y competencias en el nivel local,
especialmente en las zonas rurales y más vulnerables”, finaliza María Emilia Undurraga.
Revisa el informe aquí.
Fuente: USS.