Luego que el pasado 20 de octubre el Congreso lo despachara, este lunes la Presidenta Michelle Bachelet promulgó el proyecto de reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales (Cores) y concejales que infrinjan las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
Esta nueva ley, es parte del compromiso del Gobierno por avanzar en la Agenda de Probidad y Transparencia, que cuenta con 21 proyectos de ley en total, de los cuales 12 han sido priorizados para cambiarle el rostro a la política y mejorar los estándares con que se desarrolla la actividad pública.
Sobre estas nuevas exigencias, la Presidenta Michelle Bachelet recalcó que “la señal que como país estamos dando es una sola: quien traiciona el espíritu de la democracia no podrá ser actor de ella o dicho de otro modo, quien hace trampa pierde (…) No puede ser representante del bien común quien traiciona la confianza expresada en las leyes para llegar a su cargo de representación”.
Sobre el contenido general de la Agenda de Probidad, la Mandataria explicó que “estamos dotando a Chile de un entramado legislativo fuerte, que se haga cargo del presente, pero que por sobre todo prevenga temas de futuro”.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, destacó el desarrollo de la tramitación de la Agenda de Probidad, recalcando que “obras son amores y no buenas razones”. El Secretario de Estado agregó que “creemos que no hay una reforma de verdad sin que duela y ésta, por dios que duele: la pérdida del escaño a los que hagan trampa”.
Autoridades podrán quedar inhabilitadas hasta por dos periodos
Son varias las novedades y medidas que incorpora esta nueva legislación. Aquí te dejamos algunas consideraciones principales:
Será el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) quién conocerá, investigará y sancionará las infracciones a requerimiento del Consejo Directivo del Servel.
Las autoridades que pierdan su escaño quedarán inhabilitadas para optar a cargos de representación popular en los dos procesos eleccionarios siguientes a la sanción de cesación y para optar a un cargo o función pública dentro de los tres años posteriores a dicha sentencia.
Con la aprobación de esta reforma constitucional se fortalece la institucionalidad democrática, a través de sanciones que inhiben a representantes electos a realizar acciones que atenten contra la probidad, todo esto repercutirá en una mayor legitimidad de las autoridades.
Fuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.