- Presentado este lunes por la Presidenta, esta iniciativa tiene como principales desafíos modificar el modelo de financiamiento por subvención, realizar un trabajo sistémico a nivel central y local, aumentar el porcentaje de la cobertura -que hoy alcanza sólo a un 36 por ciento- y clarificar los objetivos país que tendrá la educación pública, según plantean los investigadores sobre este proyecto.
Seis años durará el proceso de implementación del Sistema de Educación Pública, cuyoproyecto de ley fue firmado por la Presidenta Michelle Bachelet y enviado al parlamento este lunes. Esta iniciativa, conocida también como ley de desmunicipalización, propone una nueva institucionalidad para la administración de los establecimientos públicos, que hoy están en manos de los municipios según sus capacidades de gestión.
La ley crea una Dirección de Educación Pública que dependerá del MINEDUC, la que trabajará con una red de 67 Servicios Locales de Educación distribuidos a lo largo del país, instancias que serán encabezadas por profesionales elegidos por Alta Dirección Pública. El Sistema contempla además la participación de diferentes actores involucrados en el proceso educativo a partir de los Consejos Locales de Educación, los que trabajarán conjuntamente con los Servicios.
“Uno de los desafíos es equilibrar en este proyecto un sistema descentralizado con una responsabilidad nacional sobre la educación pública”, señaló el académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) Cristián Bellei sobre los objetivos de este cuerpo legal de crear una nueva institucionalidad.
Según explicó el investigador, el sistema chileno previo a la municipalización “era excesivamente centralizado”, proceso que pasó a lo opuesto luego de la dictadura donde “dado su alto nivel de privatización, el sistema se volvió más bien atomizado, lo que generó otros problemas, uno de ellos la desigualdad y la falta de capacidades institucionales”.
Sobre esto mismo, el director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Ernesto Águila, explicó que “con la municipalización se entregó la educación pública a organismos no especializados y se internalizaron en las escuelas todas las diferencias y la segregación social que existe en nuestro ordenamiento territorial. Las políticas neoliberales enviaron a la educación pública a los municipios para lograr una muerte lenta pero segura de ésta. Estamos en el límite que ese objetivo sea posible de revertir”.
Para él, si bien “se debe valorar que el proyecto restituye un rol significativo del Estado central en la provisión, financiamiento y apoyo técnico-pedagógico de los jardines infantiles, escuelas y liceos públicos”, advierte que en la propuesta está ausente una definición “de la misión histórica que deberá cumplir la educación pública. Al respecto creo que los términos claves son la lucha contra la desigualdad social; el potenciamiento de la convivencia en común de nuestra diversidad cultural; la formación en ciudadanía y derechos humanos.Igualdad, inclusión, diversidad, ciudadanía, debieran ser las grandes señas de identidad de la educación pública en esta etapa. Lo clave es saber de que manera este proyecto contribuirá al logro de estos objetivos”.
Según explica Jenny Assael, investigadora del Observatorio de Política Educativa de la Facultad de Ciencias Sociales, otra de las alertas principales que despierta el proyecto tiene que ver con el sistema de financiamiento por subvención. “Las agencias locales se plantean como los sostenedores. No hay un cambio en el sistema de financiamiento de los establecimientos vía subvención por asistencia por alumnos y esto implica que con esto seguimos manteniendo un sistema de mercado y de competencia por captación de matrícula entre el sector público y el sector privado”.
Sobre esto, Águila enfatiza en que “es absurdo que la educación pública esté en competencia con el mundo privado o consigo mismo, por lo que es clave que durante este proceso legislativo se aborde el tema del financiamiento”.
Respecto a que esta iniciativa se plantee gradualmente, Bellei explica que “es difícil pensar que se va a crear todo un nuevo sistema y desmunicipalizar lo que se ha hecho en 35 años en menos de cinco. Incluso la municipalización, que en dictadura se hizo sin siquiera pensar que les resultara bien, tomó casi una década. Como ahora queremos que le vaya bien a este nuevo sistema, probablemente tome también varios años, pero tampoco es bueno eternizar el proceso de transición. Me parece que tiene que ser gradual, con decisión y tiene que ser lo más rápido que se pueda, y me parece que cinco o seis años es un plazo razonable”.
Un aspecto destacado por Bellei es la figura de los Consejos Locales de Educación “que van a canalizar las demandas y la opinión de los actores relevantes del territorio, resolviendo otro problema que la municipalización tenía que es que a pesar de que las autoridades del municipio son electas, la participación social en la gestión educacional era mínima porque para los municipios no era relevante en términos electorales”.
El óptimo funcionamiento de esta instancia, advierte Assael, está supeditada a que “haya mejores condiciones de trabajo, más horas de los docentes, no en horas lectivas, que permitan espacios reales para discusión y para participación, porque si las condiciones se mantienen como hoy día, finalmente habrá poca participación porque no hay tiempo, porque hay stress y desgaste; porque los alumnos están presionados en las escuelas por hacer SIMCE, entonces lo otro queda bastante en la idea pero en términos concretos es difícil que eso se operacionalice”.
“Creo que el test más relevante que esta reforma va a tener es cuánto va a lograr en la próxima media década contener la caída de matrícula y en la próxima media década recuperar la que ha perdido”, destacó Bellei, quien también es autor del libro “El gran experimento. Mercado y privatización de la educación chilena”. En ese sentido, el énfasis del Ejecutivo de recuperar la relevancia del sistema público es importante porque “al ser relevante fija el estándar nacional de la educación. Los países tienen tan buena o tan mala educación como es su educación pública, por lo que reconstruirla va a mejorar la educación chilena”. A esto se suma que “La oferta privada atomizada que se ha creado en los últimos 30 años no ha demostrado ser mejor que la educación pública, Chile no ha ganado nada privatizando su sistema y fortaleciendo el sistema público es que tiene más probabilidades de mejorar“.
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Fuente: Comunicaciones Universidad de Chile.