- La gran mayoría de los encuestados (83%) confía poco o nada en ellas.
- 34% piensa que su situación económica influyó de manera negativa en el resultado y/o rapidez del proceso.
El Centro de Innovación y Desafíos del Futuro dela Universidad Gabriela Mistral junto a Black & White realizaron la Primera Encuesta Evaluación de Confianza en las Instituciones, cuyo primer capítulo se denominó “Confianza en el Sistema Judicial”, y cuyo objetivo es conocer la experiencia que han tenido los chilenos al momento de recurrir a los Tribunales de Justicia, a la Defensoría Penal Pública, a la Fiscalía o los Tribunales de Familia.
Malas notas
Al abordar el tema de manera general, preocupa la desconfianza que generan los organismos mencionados. La gran mayoría (83%) confía poco (52%) o nada (31%) en dichas instituciones. Esta proporción crece entre mujeres, en el Grupo Socioeconómico C3 y a medida que aumenta la edad. A través de la encuesta se propuso a los consultados evaluar en una escala de 1 a 7 a cada una de estas entidades y el resultado fue el siguiente:
Tribunales de Justicia: 2,7
Defensoría Penal Pública: 3,0
Fiscalía (Ministerio Público): 3,2
Tribunal de Familia: 3,3
Razones para acudir y evaluación de la experiencia
Ante la pregunta: ¿Ha concurrido a un tribunal de justicia en los últimos dos años?, la gran mayoría (85%) responde que no. Entre quienes sí han acudido durante ese periodo, un 29% declara que lo ha hecho porque ha demandado a alguien. Le sigue un 16% que señala que ha sido demandado y un 11% que ha concurrido por un proceso penal. El resto (54%) ha debido asistir por razones diferentes a las listadas.
Entre quienes han concurrido a un tribunal de justicia en los últimos dos años, la mayoría (70%) evalúa su experiencia con el Poder Judicial con una nota promedio de 3,2. Sólo se alcanza una nota promedio azul entre los encuestados más jóvenes (18 a 34 años), quienes calificaron su experiencia con un 4,0.
Con respecto a la mejor forma de lograr la justicia, existe un virtual empate entre quienes consideran que hay que concurrir a un tribunal (42%) y quienes piensan que las partes afectadas deben ponerse de acuerdo (41%). Mientras, un 17% cree que lo mejor es hacer justicia por su propia mano.
El ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, profundizó en la preocupante falta de confianza en las instituciones judiciales y destacó la necesidad imperante de un cumplimiento efectivo para revertir esta situación. “Si uno va a todas las encuestas, hay algo que está llamando la atención del deterioro en el sistema judicial y tiene un caudal progresivo en Latinoamérica. O podemos generar la senda de insistir en la confianza como estabilizador de las instituciones, o ponemos la esperanza de un evangelizador político. No debemos caer en la trampa de las redes (sociales)”, comentó.
Mendoza enfatizó que si el Poder Judicial logra implementar medidas razonables que aseguren la justicia en términos de tiempo, calidad, motivación y transparencia, se podrán corregir las deficiencias y mejorar significativamente la percepción pública sobre su funcionamiento. “Los jueces están sometidos a fiscalización a través de los recursos disponibles y que, en última instancia, la Corte Suprema también está sujeta a juicio político. Es fundamental recordar que en Chile, en diversas ocasiones, se han llevado a cabo juicios políticos que han resultado en la destitución de jueces del sistema judicial”.
Lourdes Soria, Directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, explicó que “la encuesta arroja un escenario negativo en general, dado que la percepción de la ciudadanía frente al acceso a la justicia y la confianza es baja. Esperamos que con la aplicación sistemática de la encuesta, esta percepción tienda al alza y que sirva para fortalecer políticas públicas, convirtiéndonos en referentes a nivel nacional”.
Entre otras estadísticas del estudio, se recoge que entre quienes han concurrido a un Tribunal de Justicia en los últimos dos años, la mayoría piensa que el género o el aspecto físico no influyeron en el resultado o rapidez del proceso judicial (82% y 89%, respectivamente). Sin embargo, cabe destacar que un 34% considera que su situación económica sí influyó de manera negativa.
Fuente: UGM