Declaración Asociación de Isapres

La Ley 21.350, además de congelar el valor de los planes, suprimió la potestad de las Isapres para determinar el reajuste anual de precios, según los costos y demanda de uso del sistema, y mandató a la Superintendencia de Salud a establecer un valor tope.
En el ejercicio de esta norma y con apoyo del INE, la autoridad constató que los costos aumentaron 30% en el sistema durante los últimos tres años. No obstante, se instruyó un máximo de alza de 7,6% para el período junio de 2022 a julio 2023, es decir, casi un cuarto del incremento real.
La adecuación llegó finalmente a la Corte Suprema, que reconoció la facultad de las Isapres para aplicar ajustes de precio, y ordenó a la Superintendencia de Salud a retomar el proceso, regulando su justificación.
Las Isapres entregaron todos los antecedentes requeridos para la verificación, pero la autoridad estableció una nueva fórmula de cálculo que subvaloró la variación real de costos. Así, la Superintendencia de Salud resolvió que solo las Isapres Consalud y Nueva Mas Vida podrán aplicar el tope del 7,6%. Las restantes Isapres se ubicarán por debajo de ese indicador: Banmédica 5,6%; Colmena 6,6%; Cruz Blanca 4,3% y Vida Tres 1,4%.
Lo anterior obedece a la aplicación de un método de cálculo anómalo por parte de la autoridad, que dificulta la correcta operación del sistema. Frente a esto, cada Isapre definirá los caminos a seguir.
Este proceso de adecuación se enmarca en un complejo momento financiero y operacional del sector, marcado por la judicialización, falta de certezas normativas y la incorporación de imprevistas y sucesivas exigencias al funcionamiento, que han gatillado las abultadas pérdidas de los últimos 18 meses. La falta de claridad sobre las normas y los recurrentes cambios de criterio desde la autoridad, están llevado a las Isapres a un impensado límite de inoperatividad.
Con su decisión, la Superintendencia de Salud socava el ya deteriorado funcionamiento del sistema y eleva la incertidumbre sobre su viabilidad, al impedir que las Isapres apliquen el reajuste necesario para mantener sus operaciones. Eso, en definitiva, mantiene en riesgo a tres millones de beneficiarios que han escogido el sistema de aseguramiento privado, y que ya están padeciendo consecuencias, como la suspensión de convenios en los prestadores privados.
La situación de las Isapres hoy es más crítica que al inicio de la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, instancia donde, pese a las buenas intenciones declaradas, no se han generado aún acciones concretas que den certezas en el corto plazo. Nuestra voluntad es buscar las mejores soluciones en favor de los afiliados y, en ese contexto, llamamos a la autoridad a entablar acciones que permitan sortear esta crisis y avanzar correctamente en el camino de la transformación del sistema de salud de Chile.