Desde el 12 de abril un grupo de trabajadores contratistas de Central Bocamina (350 MW) bloquea los accesos y usurpa ilegalmente la planta de propiedad de Enel Generación que, producto de estas acciones, tuvo que dejar de operar. Este escenario se vio agravado desde la madrugada del jueves 21 de abril, cuando los manifestantes, radicalizando sus acciones, montaron barricadas incendiarias en los accesos de la central y obligaron a nuestro personal de seguridad a salir de la planta.
Un equipo mínimo de operación había logrado mantenerse en las instalaciones con la sola misión de mantener en seguridad la planta, ejecutando actividades de monitoreo especializado de sistemas que revisten riesgo y criticidad. Sin embargo, ante el evidente agravamiento de acciones violentas, y en privilegio de la seguridad de las personas, este viernes debieron abandonar sus puestos de trabajo, quedando las instalaciones en completo control de los manifestantes.
“A pesar de que la paralización de la planta nos perjudica directamente y que las demandas de trabajadores contratistas corresponden al ámbito de gestión del Estado según la Estrategia de Transición Energética Justa, hemos sido pacientes y apoyado los esfuerzos del gobierno en los últimos días por lograr una solución pacífica. Lamentablemente producto de la intransigencia de los manifestantes hoy la situación está completamente fuera de control y exige otro tipo de medidas”, señaló James Lee Stancampiano, gerente general de Enel Generación.
En el recinto industrial existen elementos peligrosos, tales como dispensadores de gases inflamables, productos químicos, almacenamiento de carbón y otros insumos de la operación que, sin el correcto manejo y vigilancia podrían generar una catástrofe con consecuencias en la seguridad de los mismos manifestantes y el medioambiente o siniestros al interior de la planta, afectando con ello tanto nuestras instalaciones como también a la comunidad en su conjunto.
Hemos solicitado a las autoridades el auxilio que corresponde frente al actuar delictual de personas que han asumido por la fuerza el control de infraestructura crítica para la población nacional. Este viernes 22 enfrentamos, además, un riesgo inminente dado que el carbón almacenado presentó señales de combustión, lo que reviste peligro de incendio si no es atendido oportunamente, con eventuales consecuencias para la integridad de la instalación, los vecinos de Coronel y el medio ambiente. Dimos la alarma correspondiente a Bomberos y Carabineros. También pusimos formalmente en conocimiento de la autoridad esta situación de riesgo grave.
Respuestas a las demandas de trabajadores contratistas
La solicitud de los manifestantes respecto a exámenes de salud y cobertura médica y económica asociada, están y siempre han sido atendidas, de acuerdo con lo que exigen las regulaciones vigentes. Sus propias empresas empleadoras (contratistas), nos han informado que todos sus trabajadores, tienen activos planes de vigilancia epidemiológicos, acorde a la función que cumplen dentro de la operación.
Las empresas contratistas han explicado a sus trabajadores la disponibilidad de acciones de capacitación y la posibilidad de reinserción laboral. No obstante, los mismos trabajadores que hoy se manifiestan violentamente, no han entregado el listado de las personas que estarían sujetas a estas capacitaciones.
Las demandas de los trabajadores contratistas que lideran esta toma no sólo tienen relación con supuestos incumplimientos en exámenes de salud y planes de vigilancia epidemiológica que -como ya se indicó- están y siempre han sido atendidos por sus empresas mandantes, sino que están vinculadas a la disposición de un bono de 1.000 UF para cada uno de ellos. Estos requerimientos de compensaciones económicas no están alineados con las soluciones identificadas por otros grupos de interés con que Enel se relaciona en la comuna de Coronel, ni con los objetivos y desafíos planteados para las empresas que deben retirar sus unidades de generación a carbón. Entendemos que en este tema aplica la articulación de instrumentos del Estado para apoyar el proceso.
Enel asumió la responsabilidad de la reubicación y definición de planes especiales de retiro para sus propios empleados. Sin embargo, en el marco de la Estrategia de Transición Energética Justa publicada por el Ministerio de Energía en diciembre pasado, fue el Estado quien adquirió el compromiso de gestionar el fomento al empleo, intermediación laboral, formación de la población afectada e incentivos a la contratación y emprendimientos locales, según corresponda.
Durante esta semana, el ministerio de Energía lideró gestiones con los trabajadores contratistas en toma, para buscar las mejores formulas y soluciones que asegurasen un adecuado proceso de transición laboral, al término de las operaciones de Bocamina II, las cuales, por la intransigencia de los manifestantes, no tuvieron éxito.
Por todo lo anterior, nos hemos vistos obligados a recurrir a acciones judiciales para solicitar que se adopten con urgencia las medidas necesarias para garantizar el orden público y la seguridad del suministro de un grupo considerable de la población del país, poniendo fin a los graves hechos que se están registrando al interior de la Central Bocamina, los que generan nocivos efectos económicos, sociales y emocionales producto de ilegítimos actos de fuerza que reiteradamente hemos denunciado.
Fuente: Enel Chile