- Hoy se reunieron más de 600 personas en fundo Rucahue de la familia Villasante que la semana pasada sufrió un grave ataque incendiario.
- Agricultores se manifestaron de manera pacífica para pedir a las autoridades terminen con la violencia que aqueja a La Araucanía y que se ha extendido también a las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
29 de mayo de 2015.- Cerca de 600 personas se congregaron hoy en el fundo Rucahue, en la Región de Los Ríos, donde la semana pasada, la familia Villasante sufrió un ataque incendiario, acogiendo la convocatoria de la Multigremial del Sur para expresar su solidaridad con los afectados y pedir un punto final a la violencia que se vive en la zona. Desde distintos puntos de las regiones de Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía, agricultores, microempresarios y miembros de la comunidad que han sido víctimas de atentados juntaron sus firmas para exigir protección y dignidad.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) no quiso estar ausente de esta importante cita y participó representada por dos de sus directores: el líder de la Multigremial del Sur, Juan Horacio Carrasco y el presidente de Saval, Juan Enrique Hoffmann.
El Presidente de la SNA, Patricio Crespo, se sumó a las muestras de apoyo que se expresaron hoy hacia la familia Vilasante y a todos quienes han sufrido de estos actos de violencia y además enfatizó en que “esto representa un punto de inflexión en la forma de abordar como comunidad el enorme desafío de lograr que se respeten los derechos más esenciales de las personas que viven en esta zona. Hace mucho tiempo los agricultores esperan que las autoridades actuen, hoy esta reunión prueba que se están rebelando contra el estado de cosas y van al rescate de su dignidad y del derecho a la vida y a trabajar tranquilos. No se puede desconocer el llamado de 600 personas pidiendo paz y seguridad”, dijo.
Asimismo, pidió que el llamado que están haciendo los agricultores y la comunidad en general para pedir el resguardo de sus derechos sea al fin acogido. “Creemos que esta masiva expresión debe ser escuchada y considerada por las autoridades. La comunidad ya habló, ahora es el Estado el que debe pronunciarse y comprometer todas sus capacidades en el cumplimiento de los deberes que en forma privativa le imponen la ley y la Constitución, para proteger la vida, la seguridad y los bienes de la ciudadanía”, expresó.
Fuente: Prensa SNA.