La Abogada Procuradora Fiscal de Concepción, Ximena Hassi Thumala, rindió Cuenta Pública de la gestión 2014 del Consejo de Defensa del Estado en las provincias de Concepción, Bio-Bio y Arauco, en una ceremonia a la que asistieron representantes de organismos públicos y actores sociales, y en donde la autoridad del Consejo en Concepción subrayó los 120 años que conmemora el organismo en 2015.
La Abogada Procuradora Fiscal enfatizó la férrea defensa de los intereses del Estado que ejercen los abogados del CDE, lo que constituye, por sobre toda consideración particular, el principal rasgo de la cultura institucional.
Hassi destacó el volumen de causas a cargo del Consejo en 2014, año en que patrocinó más de 26 mil asuntos en todo el territorio nacional, con cuantías que alcanzaron US$ 19.514 millones, equivalente al 8,2% del PIB estimado para ese año. De ellas –precisó- más de 2.400 asuntos corresponden a la Procuraduría Fiscal de Concepción, en donde sólo durante 2014 ingresaron más de 1.200 nuevos asuntos de diversas materias.
Estadísticas y causas regionales
La Abogada Procuradora Fiscal destacó las cifras obtenidas por el organismo en la región, donde en 2014 se evitó al Fisco pérdidas del orden de los $38.549.272.632, lo que implica un resultado exitoso del 98,6% de las causas terminadas durante dicho año calendario, “dando cuenta que la defensa patrimonial del Fisco, en el ámbito judicial, mantuvo sus estándares de excelencia, conservando un alto grado de eficacia”, subrayó.
Ximena Hassi reseñó algunas causas en que participó la Procuraduría Fiscal de Concepción, aludiendo, en materia civil, a la demanda interpuesta por Inversiones Pingueral Ltda. y otras sociedades coligadas a ella en contra de la Intendencia Regional de Bio Bio, con motivo de la dictación de la resolución que fijó la vía de acceso a la Playa de Pingueral, donde por sentencia definitiva firme se determinó que dicho acceso, fijado por la Intendenta Regional de la época, se ajustó a los términos señalados en el art. 13 del DL 1939. De este modo, indicó la representante del Consejo en la Región, “se obtuvo un reconocimiento judicial de la obligación que se impone a los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, respecto de facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto, siendo facultad de la Intendencia Regional la fijación de las correspondientes vías de acceso. En dicha oportunidad, el Consejo de Defensa del Estado asumió la representación y defensa de la Intendencia, acogiéndose su tesis por parte del Tribunal, manifestándose en el mismo sentido posteriormente el Tribunal Constitucional”.
Y subrayó: “a la postre y, como consecuencia de lo anterior, un bien nacional de uso público, como son las playas de mar, volvió a tener el carácter de tal para el goce de todos los ciudadanos”.
Asimismo la Abogada Procuradora Fiscal mencionó la causa “Manuel E. Petinelli Monje con Fisco”, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, donde se demandó la nulidad de derecho público de un acto expropiatorio ocurrido en 1976, respecto de un terreno emplazado en la Península de Tumbes, en la Bahía de Talcahuano, predio actualmente bajo el cuidado y administración de la Armada de Chile y destinado a fines militares y de defensa nacional. En este caso, se cuestionó su uso fiscal fundado en la ejecución de faenas forestales al interior del predio y, a consecuencia de ello, se cuestionó también la tasación realizada por la Comisión de Hombres Buenos de la época.
La Procuraduría acreditó su uso y destino para los fines que sirvieron de fundamento a la expropiación, así como la intervención del propietario en la fijación de la tasación, obteniendo de esta manera una sentencia favorable en todas las instancias judiciales, subrayó la Abogada Procuradora Fiscal.
En materia de indemnización de perjuicios, Hassi indicó que en 2014 se obtuvo un ahorro efectivo del orden de $34.316.419.245. Esto equivale al 95,69% de la cuantía del total de las causas terminadas por esta materia durante dicho año. En este ámbito, citó la demanda presentada contra el Ministerio de Obras Públicas por falta de servicio, con ocasión de un accidente ocurrido en la Ruta 5 Sur, en las inmediaciones de la comuna de Los Ángeles, oportunidad en que los actores esgrimieron como fundamento de su acción la obligación que pesa sobre el Estado en la mantención de rutas y caminos, omitiendo la responsabilidad que, a su vez, pesa sobre la víctima de mantener una conducta acorde a las condiciones de la ruta.
La Abogada Procuradora Fiscal precisó que en este caso se acogió la totalidad de los argumentos planteados por el Consejo de Defensa del Estado, obteniendo una sentencia favorable en cada una de las instancias en que se discutió la causa. Así, por una parte, se reconoció judicialmente que no existía falta de servicio por parte del MOP, por el sólo hecho de existir un bache o badén en la ruta, más aun cuando la existencia de estos eventos se enmarca dentro de los desperfectos menos significativos ocurridos con motivo del terremoto de febrero de 2010, oportunidad en que el Estado actúo con toda la diligencia que le es permitida atendido a los recursos con que cuenta. Ello, sobre la base de un orden de prioridades al momento de dar solución a los problemas y daños derivados del terremoto, donde la existencia de un simple badén no altera la conectividad de las vías y, por consiguiente, no puede ser la primera preocupación del Estado. Añadió que, por otra parte, se reconoció la culpa e imprudencia de la víctima en la concurrencia al daño. Con lo que a la postre se evitó pérdidas al erario nacional del orden de los $1.672.000.000.
En otro orden, la Procuraduría continuó avanzando durante el año pasado en la regularización de inscripciones de terrenos a nombre del Fisco, de alrededor de 2.283 lotes expropiados desde 2012. Así, a diciembre de 2014, se inscribieron 1.838 lotes. “Se trata de un importante estado de avance, considerando la complejidad de este proceso, en que la mayoría de los casos presentan dificultades para lograr su inscripción, ya sea porque se encuentren archivadas o extraviadas, sin notificación del expropiado o, bien, carentes de individualización. La importancia de ello radica en tener al día el catastro de bienes fiscales y dar el sustento necesario, desde el punto de vista legal, a la ejecución de obras civiles para el bienestar de la comunidad y progreso de la región, como caminos, puentes, plazas, entre otros”, explicó Ximena Hassi.
Sentencias favorables causas 27F
La Abogada Procuradora Fiscal de Concepción se refirió a los contundentes fallos dictados en agosto de 2014 por la Corte Suprema favorables al interés del Estado en demandas basadas en los saqueos producidos tras el terremoto de febrero de 2010. En fallos unánimes, la Tercera Sala del Máximo Tribunal rechazó los recursos de casación presentados contra sentencias de la Corte de Apelaciones de Concepción, desestimando las demandas por falta de servicio del Estado interpuestas por comerciantes de Lota y de Talcahuano, que sufrieron saqueos y desmanes tras el cataclismo del 27F.
Dentro de los argumentos y conceptos vertidos por el Consejo de Defensa del Estado y que el Máximo Tribunal hizo suyos, destaca aquel que establece la irresponsabilidad del Estado en los saqueos ocurridos, así como que la facultad de decretar estado de excepción constitucional es privativa y excluyente del Presidente de la República, por lo que la oportunidad de decisión no puede ser revisada por el Poder Judicial.
Precisamente, el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Sergio Muñoz, destacó esta materia en su discurso de inicio del presente año judicial, al indicar en el acápite sobre evolución de sus tendencias jurisprudenciales que, y cito, “No se configura la responsabilidad del Estado por falta de servicio con motivo de los sucesos vinculados al Terremoto y Maremoto de 27 de febrero de 2010, derivados tanto de la apreciación de los hechos que llevaron a retardar la declaración del estado de catástrofe y omitir la presencia de las fuerzas armadas para garantizar el orden público, como por no dar a conocer a la población, por los medios de comunicación, la alerta de peligro por estos mismos hechos”.
“En el mismo ámbito, el Consejo de Defensa del Estado tiene la certeza —y lo ha sostenido consistentemente en estrados— que, tanto los efectos del terremoto como del maremoto que azotaron a nuestro país en febrero de 2010, cuyas características resultan sumamente extraordinarias en la historia de Chile, son claros casos de fuerza mayor o caso fortuito, en los que el Estado no tiene responsabilidad. Ello, puesto que los sistemas de monitoreo y de comunicaciones que existían colapsaron como consecuencia del terremoto y las autoridades no tenían acceso a la información o la tenían parcializada”, señaló Hassi.
Detalló que a la fecha se han presentado 52 demandas contra el Estado relacionadas con víctimas del maremoto y saqueos en tribunales de Santiago, Valparaíso, Talca, Chillán, Talcahuano y Concepción. De estas causas, 36 han sido interpuestas en los tribunales de Concepción. Las indemnizaciones demandadas en la región alcanzan los $23.714.992.23. Veinticinco causas se encuentran vigentes y, de las once finalizadas, nueve han obtenido sentencias favorables al interés fiscal. Una fue rechazada por incompetencia del tribunal y sólo uno de los juicios ha concluido con sentencia desfavorable para el Estado. Esto se traduce en que hasta la fecha se ha evitado al Fisco el pago de indemnizaciones del orden de los $3.620.574.797.
Reparación ambiental e indemnización de perjuicios
La Abogada Procuradora Fiscal de Concepción también se refirió al ejercicio de la acción de reparación ambiental y de indemnización de perjuicios derivada de dicho daño que ejerce el Consejo de Defensa del Estado, de acuerdo a la ley 19.300. Al respecto señaló que en la región en 2014 se puso término mediante transacción a un juicio cuyos hechos fundantes tienen su origen en acontecimientos de relevancia ecológica y de importancia regional y nacional: la causa “Fisco de Chile con ENAP Refinería de Petróleo S.A.”, en que se persiguió una indemnización por los daños ecológicos causados el día 25 de mayo de 2007, a consecuencia del derrame de petróleo ocurrido durante la descarga de un buque tanque extranjero, debido a las fallas operacionales atribuibles a la deficiente mantención del Terminal Marítimo “B”, de propiedad de ENAP Refinerías S.A., afectando con ello a la Bahía San Vicente, al Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, y a su ecosistema denominado “Humedal Salino de Lenga”, así como a la comercialización de toda clase de alimento capturado en labores de pesca, todo ello como resultado de la filtración al medio acuático y costero de 500.000 litros de petróleo crudo.
Añadió que la demanda incluyó los conceptos de daño emergente y daño ecológico, y fruto de la transacción destinada a poner término al juicio, se convino en:
- a) Un reconocimiento a las labores de limpieza por empresas especializadas en el rubro, y de cargo de ENAP Refinerías S.A., con un costo final aproximado de US$ 17.751.836 y la construcción del muelle, de descarga de combustible, actualmente operativo de un costo de inversión del orden US$ 161.439.000.
- b) Enap S.A. Refinerías aceptó y cumplió con el otorgamiento de aportes al Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), por la cantidad de $300.000.000.
- c) Transferencia al Fondo de Protección Ambiental, administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Subsecretaría del Medio Ambiente, de la cantidad de $135.000.000, con la finalidad de financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientadas a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación de patrimonio ambiental.
Servicio de Mediación por Daños en Salud
En el ámbito de Mediación por Daños en Salud, que el 4 de marzo pasado cumplió diez años desde su instalación, y que incorpora métodos de resolución participativa para las divergencias que se susciten entre el ciudadano y los servicios públicos ante posibles faltas de servicio, Ximena Hassi detalló que a la fecha la Procuraduría que preside ha recibido más de 949 solicitudes de mediación (lo que equivale a un 9,5% del total nacional), contribuyendo a quebrar la curva ascendente de judicialización en el área sanitaria.
En efecto, durante 2014 ingresaron 117 solicitudes de mediación, 18 más que el año anterior, representando el 10,5% del total de ingresos a nivel nacional; lográndose acuerdos en el 27,5% de los casos, cifra superior a la media nacional, que asciende a 20,4%.
“Constatamos que en términos generales los hospitales reclamados se han ido involucrando cada vez más en los procesos de mediación, no obstante ser voluntaria su participación, entregando la información sobre las atenciones brindadas y las explicaciones para el reclamante, independientemente de si se llega o no a acuerdo, de esta manera, las personas pueden acceder efectivamente a un procedimiento pre judicial, gratuito, rápido y con un menor costo para ambas partes, tanto usuarios de la red asistencial como servicios públicos de salud reclamados”, destacó la Abogada Procuradora Fiscal.
Gestión interna
“La modernización institucional es el mayor desafío que el Consejo se ha propuesto para orientar su rol institucional y cumplir con aún mayor eficiencia las exigencias que impone la dinámica realidad del país al Estado”, afirmó Hassi.
Asimismo, indicó que “proteger el patrimonio que pertenece a todos permite asegurar el desarrollo de políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos. La fuga de recursos fiscales significa, en concreto, menos recursos para la implementación de programas, subsidios, becas, infraestructura, etc. Esa es la magnitud que el cumplimiento exitoso de la misión del Consejo alcanza. Y así lo entienden los funcionarios”.
De esta forma, indicó que el Programa de Modernización Institucional –iniciado en 2012 y financiado mediante un crédito entre la República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo– persigue mantener y acrecentar sus elevados estándares jurídicos y judiciales.
Desafíos 2015
Entre los desafíos futuros para el organismo, la Abogada Procuradora Fiscal mencionó la necesidad de seguir trabajando en una política de fortalecimiento de las relaciones con los clientes del Servicio y mejorar la gestión del Fisco demandado y Fisco demandante.
Respecto de esta última materia, explicó que “tan importante como defender a los órganos de la Administración de las acciones judiciales interpuestas en su contra, es actuar para recuperar lo que legítimamente le pertenece. Esta labor nos impone la misión de ser un ente activo en la protección del patrimonio del Fisco, ya no sólo defender, sino también demandar y actuar en su nombre, con la trascendencia que ello conlleva para las arcas fiscales”.
Agregó que “nuestro desafío como Procuraduría durante este año 2015 es mejorar la gestión Fisco demandante. En ese sentido, estimamos que la mejor manera de dar cumplimiento a este desafío es aumentando los porcentajes de recuperación (recaudación) de los dineros demandados por esta vía. Claro está que ello depende de diversos factores, pues diversos son los entes que en ello interviene, a saber, cliente requirente, tribunales, demandado, terceros con responsabilidades accesorias a la del deudor principal, entre otros. Pero dentro de la esfera de nuestras capacidades trabajaremos en aras de este desafío”.
Finalmente planteó que en el ámbito de fisco demandado “sin perjuicio del excelente nivel que mantenemos —prueba de ellos es la gran cantidad de causas con resultado favorable a nuestros intereses, así como lo escaso del quantum de las indemnizaciones concedidas en las causas que se nos condena, como ya hemos mostrado en esta Cuenta Pública— creemos que este aspecto no puede ser descuidado en ningún momento, de ahí la necesidad de mantenerlo como desafío constante”.
Fuente: Comunicaciones Consejo de Defensa del Estado.