- El 94% cree que el cambio climático es una emergencia en Chile. Del total, 9 de cada 10 chilenos consideran que la crisis climática les afectará a ellos y sus familias.
- Desde Greenpeace comentaron que “Chile está fuertemente afectado por el cambio climático y su expresión más clara es la crisis hídrica, por lo que son necesarias acciones decididas por parte del Estado que van desde la protección del agua y los ecosistemas hídricos, hasta el abandono inmediato del carbón y el fin de las zonas de sacrificio”.
La organización ambientalista Greenpeace publicó la encuesta “Chile: urgencias medioambientales para 2022” la cual revela que 9 de cada 10 chilenos considera que la crisis climática afectará directamente a sus familias y 94% la considera una emergencia para Chile. “El negacionismo climático no tiene cabida en Chile. No solo se reconoce que la crisis climática existe sino que es percibida como una emergencia inminente en el país, que merece una mirada transversal en toda política pública”, enfatizó el director nacional de Greenpeace, Matías Asun.
En tanto, en la pregunta sobre cuáles son los desafíos ambientales que debe afrontar el próximo gobierno, la escasez de agua para las personas y el medioambiente, fue la principal respuesta con un 73%. Seguido aparece la contaminación atmosférica en Santiago y regiones (40%); la potencial construcción de proyectos industriales en lugares reconocidos por su biodiversidad (26%); el avance de la minería y su impacto en el medioambiente (24%); y el avance de las salmoneras en los mares del sur de Chile (15%).
“A la luz de los resultados el tema del agua en su acceso y como derecho es, evidentemente, la máxima urgencia ambiental para el país. Esto confirma los datos que impulsaron la petición que suscribieron más de 81 constituyentes de que el agua sea declarada un derecho para las personas y el medioambiente en la nueva Constitución, idea que hoy cuenta con un respaldo del 94% en este sondeo”, explica Asun.
Y agrega: “Este importante paso debe ser acompañado de reformas legales abordadas desde la Constitución hasta las políticas nacionales, regionales y locales. Una ley de glaciares, la protección de humedales, salares y turberas, así como una gestión efectiva del agua y el agua como un derecho para todas las personas y los ecosistemas, son prioridades inmediatas para todas las autoridades en ejercicio y por asumir”.
La encuesta, ejecutada por la consultora internacional Offerwise, mostró que de 959 personas encuestadas, sólo un 3% considera que hemos hecho lo suficiente por el medioambiente en el país, mientras el 90% considera que es prioridad el cuidado ambiental debe ser una prioridad máxima en los próximos años.
Por otra parte, el estudio revela que un 85% de los chilenos está en contra del proyecto minero Dominga, en tanto, sólo el 8% está a favor. Respecto de la responsabilidad del próximo gobierno sobre el mismo, el 54% dice que debe rechazarlo y el 33% que se debe rehacer el estudio de impacto ambiental. Además el 84% de los encuestados cree que La Higuera debe declararse santuario marino.
“Uno de los principales desafíos para los próximos meses y del próximo gobierno, será rechazar categóricamente este proyecto marcado por irregularidades y corrupción, además de tener que proteger adecuadamente la zona. Más de 100 mil personas han solicitado formalmente al Servicio de Evaluación Ambiental la invalidación de este proyecto. Dominga y Cruz Grande son amenazas directas que impiden una protección ambiental efectiva” enfatizaron en Greenpeace.
Temáticas Emergentes
Nuevas temáticas aparecen como prioridad para el próximo año en el sondeo, como el caso de la reducción de plásticos de un sólo uso en el comercio, con un tercio de las preferencias; el impulso a la generación de energías limpias a escala domiciliaria; priorizar la protección de humedales; y un 14% que dice se priorice la protección urgente de glaciares.
Finalmente, la salmonicultura destacó dentro de los nuevos temas que preocupan a chilenos y chilenas. El 62% del universo encuestado no sabe que ésta opera al interior de parques nacionales y áreas protegidas.
“No es posible que una actividad tan destructiva, que hace noticia por escándalos de contaminación en zonas prístinas y con más de 1.000 permisos aprobados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, continúe expandiéndose a costa de la salud de los ecosistemas y de actividades tan relevantes como el turismo y la pesca artesanal. Es urgente frenar la autorización de estos centros, manteniendo libre de salmonicultura aquellas zonas tan importantes como el canal de Beagle o áreas protegidas como la Reserva Kawésqar”, destacaron desde la organización ambientalista.
Fuente: Greenpeace.