La semana pasada con un grupo transversal de senadores nos reunimos con la presidenta Michelle Bachelet para entregarle 20 propuestas que apuntan a mejorar nuestra institucionalidad democrática en materia de transparencia, todo esto en medio de una creciente desconfianza y desilusión por parte de la ciudadanía con la clase política y empresarial de nuestro país.
La develación de financiamiento irregular de campañas políticas, el cuestionamiento a negocios de familiares de altas autoridades públicas, el uso de información privilegiada y tráfico de influencias de parte de autoridades, ex autoridades o familiares de unos u otros; y el conjunto de actos y contratos en ciertas empresas privadas destinados a maximizar utilidades eludiendo (o incluso evadiendo) su responsabilidad tributaria han generado una fuerte mella en la confianza de la gente.
Ahora es el momento de actuar, hacernos cargos de este clima de desconfianza y enfrentarlo con liderazgo y decisión.
Estas 20 propuestas las transformamos en un proyecto de acuerdo que fue firmado por 28 senadores y fue aprobado por unanimidad en la sala del senado.
Queremos que el gobierno le ponga urgencia a algunos proyectos de ley que están radicados en distintas comisiones del Senado, como por ejemplo el que establece la probidad de la función pública, que aumenta la declaración de intereses y patrimonio para autoridades que no tienen esa obligación, y también proyectos que apuntan a aumentar las penas, como el que presenté esta semana con el Senador De Urresti, porque es fundamental endurecer las penas para los delitos de cuello y corbata.
También queremos el pronto envío de un proyecto de ley que configure a los partidos como personas jurídicas de derecho público, donde se consagren los principios de probidad, publicidad, transparencia, acceso a la información pública, democracia interna, descentralización y participación.
Necesitamos consignar un sistema de financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas electorales de naturaleza público/privada, asegurando que todo ingreso que reciban los partidos y candidatos tenga un origen conocido.
Es fundamental que la ley del lobby se aplique también a los partidos políticos, para conocer las reuniones de todas las autoridades y dirigentes políticos con grupos de interés o de presión, los viajes realizados y los donativos recibidos.
Tenemos que establecer siempre la prohibición de postular a cargos de elección popular a personas condenadas por delitos que afecten a la probidad pública y fe pública, así como Limitar el número de reelección de todas las autoridades, en todos los cargos de elección popular, impidiendo con ello la reelección indefinida.
Es fundamental también que transformemos al Servicio Electoral en un órgano constitucional autónomo, con recursos suficientes, amplias facultades de superintendencia en el ámbito de los partidos políticos y con capacidad real para fiscalizar el financiamiento de éstos y de las campañas electorales.
También hay que sancionar con la pérdida del escaño y la prohibición de postular a cargos de elección popular, a los parlamentarios, consejeros regionales, alcaldes y concejales que hayan sido condenados por sentencia penal firme por haber financiado su campaña electoral con aportes de terceros, obtenidos a través de actos fraudulentos que importen crimen o simple delito.
En estos días en que todos piden mayor probidad, transparencia y austeridad, tenemos que dar el ejemplo, por lo que solicitamos que las altas autoridades del Estado, ya sean senadores, diputados, ministros y subsecretarios, entre otras autoridades, no tengan reajuste como lo tiene el resto de los trabajadores públicos. A partir del próximo año, el reajuste debiera ser diferenciado.
Estas son sólo algunas de las medidas que incluye el proyecto de acuerdo que aprobamos en el Senado, a lo que se le suma la creación de una Comisión Especial de Probidad y Transparencia, entidad que se va a avocar a analizar y votar proyectos de ley en esta materia, un trabajo que va a ser complementario y paralelo al trabajo de la comisión de Gobierno y a la comisión de Constitución.
Hoy en día tenemos más de 30 proyectos relacionados a probidad y transparencia. Si sólo dependemos de una o dos comisiones, se nos va a producir una recarga legislativa que va a impedir que saquemos rápido esos proyectos de ley. Para evitar aquello, creamos esta nueva comisión.
Cuando asumí la presidencia del Senado, me comprometí con la probidad y la transparencia y con hacer todo lo posible para aportar en la recuperación de la confianza por parte de la ciudadanía. Como Senado de la República, estamos trabajando arduamente para lograr esto, no con palabras, no con anuncios, sino con medidas concretas.
Fuente: Prensa Senado.