Rodrigo Bustos acusó al tribunal de incorporar consideraciones políticas y valoraciones sobre el estallido social en la fundamentación del veredicto.
Una profunda sensación de impunidad y un fallo atravesado por consideraciones políticas es el diagnóstico que realizó Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, tras el veredicto absolutorio dictado por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en favor del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo Guzmán, acusado por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social.
El tribunal resolvió no dar por acreditado el dolo en el actuar del exoficial y sostuvo que este actuó amparado en la legítima defensa y en el uso legal de la fuerza. Además, afirmó que, al momento de los hechos, ocurridos el 8 de noviembre de 2019, Gatica participaba en manifestaciones violentas y portaba una piedra con la intención de atacar a carabineros.
Para Bustos, sin embargo, el fallo desconoce el peso de la evidencia presentada durante el juicio. “Es una verdad judicial bastante clara de acuerdo a todas las pericias que se pudieron mostrar en el juicio oral y que son muy contundentes. Por lo tanto, aquí el señor Crespo no salió como no responsable de los actos que llevaron a que Gustavo Gatica quedara ciego. Pero, sin embargo, el veredicto nos entrega impunidad a Gustavo Gatica, a su familia y a la sociedad chilena en su conjunto”, afirmó en entrevista con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach.
Uno de los principales cuestionamientos del director ejecutivo de Amnistía Internacional apunta a la aplicación de la Ley Naín-Retamal, normativa que el tribunal utilizó bajo el principio pro reo, al considerar que sus disposiciones resultaban más favorables para el acusado. Según Bustos, esta ley fue clave para descartar el delito de apremios ilegítimos, ya que eleva los requisitos para su configuración. “Se exige el incumplimiento de los reglamentos respectivos de Carabineros, lo que en los hechos restringe fuertemente la posibilidad de sancionar tratos crueles, inhumanos o degradantes”, explicó.
Bustos también manifestó su preocupación por el enfoque adoptado por el tribunal al momento de fundamentar el veredicto. Si bien el fallo anunciaba centrarse en los hechos específicos del caso, el dirigente de derechos humanos advirtió que gran parte de la argumentación incorporó elementos de carácter político y valoraciones sobre el estallido social. “El tribunal hace una serie de observaciones de contexto político, con críticas y cuestionamientos a lo que se estaba viviendo en Chile en ese periodo. Eso es bien complejo cuando proviene de un órgano jurisdiccional”, sostuvo.
En esa línea, no descartó que dichos elementos puedan ser analizados en una eventual impugnación del fallo. “La Fiscalía, el INDH, el abogado particular de Gustavo Gatica y el Consejo de Defensa del Estado podrán estudiar la sentencia completa y evaluar un recurso de nulidad, incluso ante la Corte Suprema, dependiendo de las causales que se identifiquen”, señaló.
A juicio de Bustos, el razonamiento del tribunal también normaliza el uso de escopetas antidisturbios frente a ataques con piedras, calificándolas como armas “menos letales”, una categoría que, advierte, no implica ausencia de riesgo. “Menos letal significa que puede llegar a ser letal, y en este caso las consecuencias fueron irreversibles”, subrayó.
Fuente: Usach