La mañana de este miércoles se conocieron las cautelares por parte del Juzgado de Garantía de Copiapó, instancia en que el Juez de turno accedió a la solicitud del Ministerio Púbico que consideró a los detenidos como un peligro para la seguridad de la sociedad.
La Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de las tres personas investigadas por el millonario fraude que afectó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de esta región, delitos en que intervinieron como líderes de la agrupación ilícita dos funcionarios de este servicio y un particular.
En la audiencia se dio por acreditado que, tal y como lo señaló la Fiscalía durante la formalización de los distintos ilícitos que se indagan, los imputados Alexis Urtulla Campillay y Alex Arévalo Carvajal, ambos funcionarios de la COMPIN al momento de ocurrir los hechos indagados, además del particular Miguel Véliz Báez, se concertaron para la tramitación de licencias falsas mediante una coordinación que comenzó a operar desde el año 2019 a la fecha de la denuncia por parte de la Seremi de Salud en agosto del año pasado.
Dada su responsabilidad en los hechos que la Fiscalía investiga junto a la Bridec y Brilac de la PDI, el fiscal de la mencionada unidad investigadora, Luis Miranda Flores, solicitó al Tribunal imponer la medida cautelar de prisión preventiva por considerar a los tres imputados un peligro para la seguridad de la sociedad. “Este miércoles el Tribunal resolvió respecto de los argumentos que expuso la Fiscalía y dio por acreditados los crímenes de lavado de activos, fraude al fisco, fraude informático, obtención fraudulenta de prestaciones estatales y asociación criminal. Con ello, se decretó la prisión preventiva respecto de los tres detenidos más importantes, que son los funcionarios públicos y el captador de las licencias médicas. A ellos se les imputó la calidad de líderes de esta organización que agrupaba a más de 15 personas, advirtiendo que muchas de las comunicaciones realizadas para coordinar la obtención de las licencias médicas se realizaban entre ellos”, dijo Miranda.
El fiscal agregó que se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, periodo en que la Fiscalía y la PDI desarrollarán diligencias vinculadas con indagar la adquisición de bienes con el dinero defraudado que supera los 180 millones de pesos, además de realizar otros levantamientos de información digital frente a las incautaciones realizadas a los imputados por este caso. Además de otras acciones investigativas que solicitó el querellante de esta causa que es el Consejo de Defensa del Estado.
Fuente: Fiscalía Regional de Atacama